Urda: 69 muertos en el tren y un marido que señala al capitalismo sin prisas
69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Familias denuncian falta de información y lentitud en las identificaciones. Qué pueden exigir.
Sesenta y nueve personas han muerto en el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, y los familiares ya no esperan milagros. Algunos aún no tienen ni el certificado de defunción de sus seres queridos.
Javier Barrio perdió a su mujer, Carmen de Santa Ana, que viajaba en el vagón 7 del tren siniestrado. Desde la Casa de Ejercicios donde se alojan los afectados, habló con los medios entre lágrimas. Su conclusión: estas muertes reflejan el tipo de sociedad en la que vivimos, marcada por la presión por ganar dinero cuanto antes.
Según su relato, Carmen era alta directiva y hacía su último viaje de trabajo antes de jubilarse. Barrio asegura que en muchas empresas se exige a una sola persona el trabajo que antes hacían tres, y que esa dinámica afecta a todos los sectores, desde las redacciones hasta las fábricas.
Otra de las afectadas, Esther San Emeterio, hermana de uno de los pasajeros desaparecidos, denuncia que las familias se sienten tratadas como borregos. Explica que la información sobre los fallecidos se comunicó por la tarde y que, a las 23.00, se cortó el proceso hasta la mañana siguiente. Pide que se desplacen forenses de otras ciudades para acelerar las identificaciones y que se aclare si los desaparecidos ingresados en hospitales están vivos o muertos.
Para el ciudadano de a pie, la tragedia de Urda plantea preguntas que van más allá del accidente. ¿Cómo se garantiza la seguridad en el transporte ferroviario? ¿Qué protocolos existen para atender a las familias en una catástrofe de esta magnitud? Son cuestiones que afectan a cualquiera que coja un tren para ir al trabajo o de vacaciones.
Lo que viene ahora depende de la investigación judicial y de la Guardia Civil, que deben esclarecer las causas del siniestro y acelerar la entrega de certificados. Los afectados deberían exigir información por escrito, mantenerse unidos a través de asociaciones de víctimas y pedir acompañamiento psicológico y legal. Y, sobre todo, seguir de cerca cada paso de la investigación para que no quede en el olvido.