Accidente de Urda: el operario de Atocha se niega a declarar ante la Guardia Civil

Un operario del centro de control de Adif en Atocha se ha negado a declarar ante la Guardia Civil por el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, que dejó 69 víctimas mortales. Un dato que pesa mucho en una tragedia así.

La negativa se produce en el marco de la investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que trabaja por separado de la causa penal que lleva el juzgado de Ordaz. Según fuentes de la investigación, el trabajador ha alegado que actúa conforme al protocolo que se aplica tras un accidente de este tipo.

¿Qué se quiere aclarar? La clave está en una orden concreta. Desde el centro de control de Atocha se dio instrucción para reanudar la circulación en "marcha normal" a un tren AVE poco antes de que chocara contra un Iryo que estaba parado en la misma vía. Saber quién decidió qué, y con qué información, es el núcleo de todo el caso.

Para la gente de a pie, esto va más allá de un expediente. Cada vez que cogemos un tren damos por hecho que hay personas y procedimientos que nos protegen. Cuando algo falla, la pregunta es sencilla: ¿funcionó el sistema de seguridad o no? Las respuestas que se den en estas investigaciones determinarán si cambian protocolos y cómo.

También hay que tener presente que el operario está bajo custodia de la Policía Judicial mientras se esclarecen las causas. Negarse a declarar es un derecho en determinadas circunstancias, pero deja en el aire muchas dudas que las familias de las víctimas tienen todo el derecho a exigir que se resuelvan.

Qué puede pasar ahora: la CIAF y el juzgado seguirán con sus líneas de investigación por separado, y es probable que se busquen otras fuentes de información, como registros del sistema, comunicaciones y grabaciones. Los afectados y sus familias pueden personarse en la causa judicial y pedir información a través de sus abogados o de las asociaciones de víctimas. Y como usuarios, conviene seguir las conclusiones oficiales cuando se publiquen, porque serán las que definan las responsabilidades y las medidas de seguridad futuras.