TOLEDO, 12 de septiembre. - El sindicato CSIF ha manifestado su preocupación ante la inminente reducción a la mitad del dispositivo de prevención de incendios en Castilla-La Mancha, programada para el 19 de septiembre. Esta decisión resulta alarmante, dado que el riesgo de incendios permanece elevado en esta época del año.

Durante una rueda de prensa, Ana Nares e Iván Moncada, representantes sindicales de CSIF en Geacam, informaron que, hasta el 30 de septiembre, final de la temporada de alto riesgo, solo se mantendrá operativo el 12% del personal, lo que implica una reducción significativa en sus filas.

Nares subrayó que, según las proyecciones meteorológicas, las condiciones para la propagación de incendios seguirán siendo críticas debido a la escasez de lluvias y la disponibilidad excesiva de material combustible en el entorno.

A pesar de contar con una plantilla de 2.205 empleados, solo 1.500 de ellos, es decir, un 68%, tienen contratos permanentes de 12 meses. El resto de los trabajadores se encuentra bajo contratos fijos discontinuos de corta duración o como interinos, de los que muchos apenas cubren 96 de los 122 días establecidos en el plan Infocam para la temporada de riesgo extremo.

En este sentido, la representante de CSIF hizo un llamado a que todos los trabajadores cuenten con contratos que abarquen el periodo completo de 122 días, que consideran lo mínimo para garantizar una respuesta adecuada ante el riesgo de incendios.

En términos de gestión forestal, advirtieron sobre el abandono histórico de los montes en la región, donde se necesitan urgentemente medidas claras. Se habla de la necesidad de aumentar la plantilla y adquirir maquinaria para implementar una prevención efectiva en este rubro.

Además de sus exigencias en materia de contratación, desde CSIF piden la creación de una Agencia Pública de Bomberos Forestales con un presupuesto sostenible asignado por la Junta de Comunidades. Denuncian que Geacam depende en gran medida de subvenciones temporales y fondos de la Unión Europea, careciendo de una financiación autónoma que garantice su operatividad.

Exigen también condiciones laborales más estables, abogando por contratos de 12 meses en lugar de los actuales de duración limitada. En su opinión, esto permitiría profesionalizar el sector y mantener una tasa de reposición adecuada.

El sindicato también reclama el cumplimiento de la legislación sobre jubilaciones anticipadas con coeficientes reductores, puesto que un 11% del personal se encuentra en el grupo etario de 60 a 67 años, y se proyecta que esta situación se agudizará en los próximos años al contar con un 24% del equipo en el rango de 50 a 59 años.

Los miembros del sindicato criticaron las afirmaciones del Gobierno regional sobre la supuesta excelencia del modelo de Castilla-La Mancha, puesto que cada verano se contrata personal sin experiencia previa para cubrir estas funciones críticas. A menudo, este personal es formado con una capacitación arbitraria y es incorporado una vez que ya ha comenzado la campaña.

En los últimos cinco años, más de 700 trabajadores han sido contratados en estas condiciones, lo que evidencia una rotación alarmante y la falta de estabilidad en un sector que es esencial para la seguridad comunitaria.

En relación a las remuneraciones, Moncada explicó que el sueldo base es de 1.200 euros netos, con una disponibilidad que exige atención continua. Además, señalaron que durante la campaña de incendios, la remuneración se reduce drásticamente a alrededor de 37 euros por hora y 2 euros diarios, lo cual resulta inadecuado, considerando los riesgos involucrados.

Por último, lamentaron que se produzca una pérdida de talento, con muchos profesionales migrando a comunidades como Extremadura y Andalucía en busca de mejores condiciones laborales. Asimismo, criticaron que la Consejería de Desarrollo Sostenible no ha respondido a sus demandas ni mostrado un compromiso real para abordar estas problemáticas que afectan a su labor y a la seguridad de la región.