El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha emitido una sentencia de apelación parcialmente favorable a los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara en el caso del incendio de Chiloeches. El incendio tuvo lugar en agosto de 2016 en una planta de tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos produciendo una nube de humo tóxica y vertiendo residuos almacenados de forma incontrolada en las instalaciones.

La Sala de lo Civil y Penal ha considerado probados los hechos tal y como dictó la Audiencia Provincial de Guadalajara, y ha aceptado parte del recurso presentado por el Ministerio Fiscal para aumentar la condena por delito de falsedad en documento oficial. También ha estimado parcialmente el recurso de la mercantil Altamira Santander Real Estate S.A. que reclamaba el incremento de las indemnizaciones por los daños causados por el incendio.

La sentencia de apelación implica que los cinco individuos condenados en primera instancia por delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, MALC, PLC, SLC, FFG y JJGL, ahora son considerados coautores del delito continuado de falsedad en documento oficial, por el que se les condena a 24 meses de prisión cada uno, en lugar de los 18 meses iniciales. Además, se añade otra persona condenada por el mismo delito (JML), quien fue absuelta en primera instancia, y que estaba vinculada a la gestión de residuos en cuestión.

La Sala de lo Civil y Penal ha calculado las indemnizaciones otorgando 1,5 y 7,1 millones de euros a la mercantil Altamira Santander Real Estate SA y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que se adhirió al recurso de la primera. La sentencia de apelación ha tenido en cuenta los daños indemnizables producidos en los primeros meses tras el incendio durante la Fase 0 de descontaminación de los terrenos, y los daños producidos por las labores de extinción del fuego.

La Sala considera que los cinco condenados inicialmente son responsables del 100% de los daños causados por el delito contra el medio ambiente. Como uno de los riesgos de dicho delito es el peligro de incendio, aunque no se haya probado explícitamente la autoría del incendio, todos los acusados deberán abonar las indemnizaciones.

La sentencia no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.