La Fiscalía Europea ha autorizado a la Guardia Civil de Ciudad Real a realizar una operación en la que se ha detenido a tres personas por presuntos fraudes a la Política Agraria Comunitaria (PAC). Estas personas han sido acusadas de varios delitos, incluyendo fraude a la Hacienda de la Unión Europea, organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental.

La investigación, llamada Timallus, ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ciudad Real. Su objetivo era esclarecer los diferentes delitos cometidos por este grupo criminal, que incluían un supuesto fraude de subvenciones procedentes de la Unión Europea (PAC). Esta investigación comenzó gracias a la colaboración ciudadana, que proporcionó información que exponía la existencia de agricultores que estaban cobrando la ayuda de la PAC de manera fraudulenta.

Las primeras diligencias de investigación permitieron identificar a una persona y una empresa que habían solicitado ayudas directas PAC en los ejercicios 2018, 2019 y 2020, presentando anomalías e irregularidades. Se pudo verificar que se trataba de una organización criminal estructurada con un reparto claro de las funciones a realizar, que estaba formada por, al menos, tres personas y cinco empresas que operaban en diversas provincias de la geografía española.

Dos de estas empresas se encargaban de comprar derechos de pago para después cotejarlos con parcelas no declaradas por nadie en varias campañas de la PAC, datos obtenidos por alguien con acceso a bases de datos oficiales; otras dos empresas se utilizaban exclusivamente para pedir ayudas de la PAC, así como facilitar facturas falsas a terceras personas para anexarlas a las peticiones de subvención y la última se publicitaba en internet con el objeto de localizar parcelas en todo el territorio nacional con las que llevar a cabo este fraude.

Además, se concluyó que este entramado criminal, además de percibir dinero de titularidad pública de forma directa, estaba recibiendo dinero público mediante la firma de contratos mercantiles para la activación de los derechos de pago con terceras personas.

En total, se estima que este grupo defraudó 212.000 euros de dinero público en subvenciones de la Unión Europea, llegando a los 500.000 euros con los beneficios obtenidos y el fraude realizado de manera indirecta. La investigación ha concluido con la detención de tres personas y dos entradas y registros llevadas a cabo en Murcia, donde tenían su sede social las empresas implicadas. Se han intervenido 13.050 euros en efectivo, documentación y dispositivos informáticos, además de nueve cuentas bancarias por importes cercanos al millón de euros, fincas y propiedades, vehículos y tractores.