SEVILLA, 13 de mayo. Este martes, las comunidades autónomas de Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Castilla-La Mancha han unido fuerzas para exigir al Gobierno un urgente cambio en el modelo de financiación autonómica. Se trata de una demanda calificada de "imperiosa" para acabar con un sistema que califican de "obsoleto" y que no ha sido renovado desde su implementación en 2009, a pesar de que debía ser revisado en 2014. Luis Alberto Marín, consejero de Economía y Hacienda de Murcia, subrayó que esta reforma es esencial para conseguir que la financiación por habitante se equipare a la media nacional y para poder competir en igualdad de condiciones.

La jornada, organizada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), tuvo lugar en Sevilla y reunió a los representantes económicos de las comunidades afectadas en un encuentro informal que tuvo lugar en la Fundación Valentín de Madariaga. La anfitriona, Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, hizo un llamado a la acción para corregir esta situación crítica que afecta a todas las regiones presente en el evento.

Durante la cumbre, los consejeros de Hacienda discutieron en una mesa redonda moderada por el catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, José Ignacio Castillo. Francisco Pérez García, director de investigación del IVIE, presentó un estudio que enfatiza la grave infrafinanciación que enfrentan estas comunidades. Andalucía ha acumulado una deuda de 13.411 millones desde 2009, mientras que la Comunidad Valenciana enfrenta 20.000 millones, la Región de Murcia 4.000 millones, y Castilla-La Mancha cerca de 2.000 millones.

El estudio del IVIE cifra las necesidades globales de financiación en 137.000 millones de euros, lo que pone de manifiesto la magnitud del problema. Aunque las cuatro comunidades comparten preocupaciones similares, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz, se destacó al abogar por aceptar la condonación de la deuda propuesta por el Gobierno, argumentando que es un paso hacia la solución de la insuficiencia de recursos financieros.

Ruiz enfatizó que esta condonación aliviana la carga financiera y puede ser un apoyo crucial, aunque también destacó la necesidad de que se realice una reforma integral del sistema de financiación para evitar que esta medida sea solo una solución temporal. Por su parte, Carolina España advirtió que, a pesar de cualquier alivio, la situación en torno a la financiación sigue siendo inaceptable, haciendo referencia a informes que indican que la población andaluza recibe significativamente menos fondos que otras comunidades.

La consejera valenciana, Ruth Merino, se unió a la crítica de la desigualdad en la financiación autonómica, que perpetúa la disparidad entre las comunidades. Señaló que se trata de "una injusticia" arraigada que necesita atención urgente, y destacó cómo la financiación singular de Cataluña complica aún más la situación. Merino también hizo un llamado a la cooperación entre comunidades para abordar el problema, destacando que todos deben estar dispuestos a ceder en sus demandas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también recibió críticas por haber sido consejera de Hacienda en Andalucía y ser consciente de la infrafinanciación. La consejera andaluza enfatizó que "no queremos limosnas", reconociendo que su región tiene los mismos derechos a recursos justos que las demás. Para ella, la inequidad en el sistema de financiación no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también limita el potencial de crecimiento económico.

Luis Alberto Marín, consejero de Hacienda de Murcia, resaltó que de contar con recursos similares a los de la media nacional, el presupuesto de su comunidad podría aumentar un 11%. Este análisis subraya la urgencia de reformar el sistema de financiación, enfatizando que la situación actual es insostenible y requiere acción inmediata.

En resumen, las comunidades afectadas han dejado claro que la reforma del modelo de financiación autonómica es fundamental para cerrar las brechas económicas y garantizar un trato equitativo para todos los ciudadanos españoles. La unión de estas comunidades en la búsqueda de una solución refleja un consenso que va más allá de las diferencias políticas, centrándose en la dignidad y el bienestar de sus poblaciones.