ALBACETE, 10 de diciembre.

En un inquietante caso que ha sacudido a la comunidad de Chinchilla, dos hombres están siendo acusados de cometer agresiones sexuales contra tres menores de edad. Durante la última sesión en la Audiencia Provincial, ambos acusados rechazaron las acusaciones, alegando que no hubo tocamientos, en un relato que se ha contrapuesto de manera notable al testimonio de las víctimas y los expertos que han declarado en el juicio.

Las profesionales que han comparecido, incluida una psicóloga que analizó el informe de la Guardia Civil y otras dos que han trabajado directamente con las niñas a través del sistema de protección de menores Revelas-m, han defendido la credibilidad de los relatos de las menores. Aseguran que sus testimonios, tanto en el atestado inicial como en las sesiones de seguimiento hasta su mayoría de edad, corroboran la existencia de actos de agresión sexual perpetrados por los acusados.

Las expertas han subrayado que las víctimas cargaron con un intenso sentimiento de culpa y una profunda preocupación por el impacto que las revelaciones tendrían en sus familias. Esto era especialmente relevante en el caso del padre de dos de las niñas, quien está acusado de facilitar y permitir las agresiones. Según comentó una de las peritas, el testimonio más reacio provino de la hermana mayor, quien estaba más consciente de las posibles repercusiones legales para su padre, lo que la llevó a ser más cautelosa al narrar los detalles de los abusos.

En particular, la psicóloga que trabajó con la menor de las hermanas desde 2018 hasta la actualidad reveló que la joven ha ido adquiriendo conciencia sobre lo sucedido, un proceso que se facilitó al distanciarse de su entorno familiar y lograr una independencia de su padre. Este no fue el caso de su hermana mayor, quien todavía reside con él.

Tanto el Ministerio Público como la acusación particular han destacado que esta dinámica ha contribuido a que la hermana mayor sea “más reticente” a implicar a su padre, lo que se refleja en su declaración, donde mencionó que su padre “no siempre veía” cuando su amigo las tocaba, aunque admitió que en ocasiones sí fue testigo de esos actos.

Los acusados, por su parte, han desmentido cualquier tipo de abuso, alegando que si hubieran sido testigos de tales actos, habrían reprimido al amigo de inmediato. El padre de dos de las víctimas insistió en que sus hijas han sido manipuladas mentalmente para que testificaran en su contra.

A pesar de las afirmaciones de los acusados, la acusación se mantiene firme en respaldar la credibilidad de las hermanas, quienes, según sostienen, no tenían motivos para mentir y de hecho, inicialmente no fueron ellas quienes presentaron la denuncia. El caso se activó luego de que una orientadora escolar alertara sobre testimonios de otro menor que afirmaba haber visto un video en el que uno de los acusados agredía a la menor.

Las defensas han subrayado que en una declaración previa ante el Juzgado de Instrucción, las víctimas negaron haber sufrido abusos, aunque esta discrepancia con respecto al consabido atestado y el juicio se podría atribuir a la presión del entorno familiar en ese momento.

Adicionalmente, las abogadas de los acusados han argumentado que no hubo testigos, ni empleados del bar donde supuestamente ocurrieron los hechos, que confirmaran las agresiones. Sin embargo, la acusación ha respondido que esta ausencia de testigos puede explicarse por la distracción de los empleados en su trabajo.

Según el relato de la acusación, los hechos se produjeron entre la primavera de 2017 y enero de 2018 en un bar, donde las tres menores fueron agredidas por uno de los acusados con el consentimiento del padre de dos de ellas. Curiosamente, otra de las víctimas, prima de las hermanas, retiró su denuncia justo antes de que comenzara el juicio, afirmando que nunca había sido tocada ni había visto que se abusara de las otras dos jóvenes. Este cambio de declaración resultó en la absolución de su madre, quien también enfrentaba cargos por presuntamente consentir las agresiones.

La Fiscalía ha solicitado una pena de cinco años de prisión para el principal agresor y seis años para el padre de dos de las víctimas, además de una orden de alejamiento de 300 metros y una indemnización de 6.000 euros para cada una de las menores. El jurado ahora deberá deliberar para emitir su veredicto en este caso sumamente delicado.