Piden 3 años y medio de cárcel para un funcionario judicial por estafar a la pareja de un preso

Un funcionario judicial interino se sienta este martes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Toledo, acusado de haberse quedado con 6.800 euros con la promesa de conseguir beneficios penitenciarios para un recluso.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron en 2014, entre marzo y diciembre. El acusado, que trabajaba en la oficina donde se tramitaban los expedientes de vigilancia penitenciaria de Ocaña I, Ocaña II y Cuenca, habría prometido a la pareja sentimental de un interno en Ocaña I conseguirle audiencias con la juez de Vigilancia Penitenciaria, permisos de salida e incluso la libertad condicional.

Para ganarse su confianza, el acusado se habría presentado primero como juez y después como funcionario que trabajaba con un bufete de abogados. Según la Fiscalía, también le enseñó un supuesto documento sellado en el que figuraba una fecha de salida de prisión, y le entregó un modelo de declaración de acogida para los permisos. El dinero, que según la acusación se pagaba cada vez que concertaban una cita, se ingresó en una cuenta del hijo del acusado y también se abonó en metálico.

La Fiscalía pide tres años y seis meses de prisión y nueve meses de multa por un delito de estafa agravado por aprovechamiento de la credibilidad profesional. También reclama la inhabilitación especial y una indemnización de 6.800 euros para la víctima.

Lo que pasa aquí afecta a cualquiera que tenga a un familiar en prisión o que necesite un trámite en un juzgado: nadie debería cobrar por gestiones que no puede garantizar. Si alguien te ofrece "contactos" para acelerar un permiso o una libertad condicional, desconfía y comprueba con los abogados de oficio o con el propio centro penitenciario.

El juicio se celebra el martes 3 de noviembre en la Audiencia Provincial de Toledo.