TOLEDO, 12 de mayo. En una reciente operación conocida como 'Pinchudo', la Guardia Civil de Toledo ha realizado importantes avances en la lucha contra el furtivismo, deteniendo a tres individuos e iniciando investigaciones sobre otros diez. Estos individuos son sospechosos de estar involucrados en prácticas ilegales que atentan contra la flora y fauna, así como de formar parte de un grupo criminal dedicado a la caza furtiva de erizos y liebres, especies protegidas por ley.

La investigación se inició hace seis meses, liderada por la Patrulla de Comandancia de Protección de la Naturaleza de Toledo (PACPRONA). Gracias a un minucioso seguimiento en redes sociales, se descubrieron publicaciones fechadas en 2023 y 2024 en las que distintos usuarios compartían material gráfico relacionado con la caza de erizos. Estos videos y fotos mostraban a personas posando con los animales capturados, así como la preparación culinaria de los mismos, lo que pone de manifiesto no solo un desprecio por las leyes de protección animal, sino una falta de respeto hacia la biodiversidad de la región.

Específicamente, los erizos involucrados pertenecen a la especie Erinaceus europaeus, la cual se encuentra bajo protección legal según la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Asimismo, esta especie está incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, lo que refuerza la necesidad de eliminar cualquier práctica que amenace su existencia.

Tras una exhaustiva revisión del material recopilado, las autoridades lograron identificar a todos los miembros de este grupo criminal, confirmando que la caza de erizos se llevaba a cabo entre los meses de febrero y septiembre, justo en su periodo reproductivo. Se estima que estas actividades han resultado en la caza de hasta 446 erizos, lo cual podría haber causado un daño medioambiental valorado en aproximadamente 627,000 euros, según lo estipulado en el Decreto 67/2008.

Simultáneamente, se encontró evidencia de caza furtiva de liebres, donde los implicados utilizaban tecnología avanzada como visores térmicos para localizar a los animales. Tras identificar a la liebre, se acercaban con perros galgos, lo que desencadenaba una persecución, mientras eran observados desde vehículos todoterreno, lo que demuestra una completa falta de ética en su proceder.

Los agentes de la Guardia Civil, basándose en los videos publicados, pudieron determinar que estas prácticas se realizaban en cotos privados sin la debida autorización, infringiendo leyes de caza y poniendo en peligro la fauna local. Según lo establecido por el Código Penal en sus artículos 334, 335 y 570.ter, los detenidos enfrentan penas que van desde seis meses hasta dos años de prisión, o multas que oscilan entre ocho y veinticuatro meses, con la posibilidad de que estas sanciones se agraven al actuar como un grupo organizado en actividades delictivas.