En una operación significativa que resalta las luchas contra la trata de personas, la Policía Nacional ha rescatado a cinco mujeres víctimas de explotación sexual. La intervención tiene raíces en un operativo dirigido contra una organización criminal internacional, supuestamente implicada en la trata de seres humanos para la prostitución forzada y el tráfico de drogas, principalmente en las provincias de Toledo y Madrid.

El esfuerzo policial ha culminado con la detención de ocho individuos, siete de los cuales se encuentran en Toledo y uno en Madrid, incluidos los líderes de la organización que han sido encarcelados de manera provisional.

Las mujeres que fueron rescatadas habían caído en la trampa de esta red, siendo engañadas con promesas de trabajo y acumulando una deuda que podía alcanzar los 6.000 euros. A cambio, se veían obligadas a prostituirse a cualquier hora del día en clubes nocturnos, enfrentándose a un ambiente de intimidación y temor constante.

Todo comenzó en octubre de 2024, cuando una mujer en Melilla dio el primer paso al denunciar su experiencia como víctima de trata. Este acto valiente desencadenó una investigación que desentrañó las operaciones de una organización criminal compuesta por individuos tanto de América Latina como de España, que se dedicaban a explotar sexualmente a mujeres sudamericanas, principalmente de países como Colombia y Venezuela.

El modus operandi de la red se centraba en atraer a mujeres en situación de vulnerabilidad económica bajo la promesa de un futuro mejor en España. Luego, se encargaban de gestionar todos los documentos necesarios para el viaje, informando a las víctimas de que contraerían una deuda pesada, que debía ser saldada a través de la prostitución.

Una vez en territorio español, las mujeres eran conducidas a viviendas controladas por la organización en localidades como Torrijos y Madrid, donde les confiscaban su documentación y se les forzaba a ejercer la prostitución hasta que su deuda fuera saldada.

La red incluía la participación de mujeres que hacían las veces de “madres de piso”, quienes supervisaban a las víctimas, dictaban los horarios y fijaban precios, además de controlar las ganancias, obligándolas a ceder el 50% de sus ingresos. En estos domicilios, las víctimas estaban bajo constantes medidas de vigilancia, incluyendo cámaras de seguridad en los espacios comunes.

En algunos casos, cuando las víctimas eran trasladadas a diferentes lugares de explotación, una de ellas logró escapar, lo que provocó una serie de amenazas tanto desde España como de su país de origen, exigiendo su regreso y el pago de la deuda.

La explotación sexual estaba acompañada por una segunda faceta delictiva: la distribución de drogas. En los mismos inmuebles donde se llevaban a cabo las actividades de prostitución, los clientes también podían acceder a cocaína, generando así ingresos significativos que se distribuían entre los miembros de la organización criminal.

En la fase final de esta operación, se llevaron a cabo cuatro registros en casas de alterne, donde se encontraron pruebas clave sobre la actividad delictiva. La incautación incluyó más de 7.000 euros en efectivo y dos kilogramos de cocaína, parte de ella en su forma pura y otra lista para la venta. Además, los investigadores encontraron un laboratorio secundario destinado a la producción de droga, junto con documentación relevante y dispositivos electrónicos de los principales sospechosos.