ALBACETE, 11 de mayo. En un giro notable de la lucha contra el narcotráfico, la Fiscalía ha solicitado una condena de cuatro años de prisión y una sanción económica superior a 200.000 euros para un grupo de siete personas acusadas de establecer una red delictiva dedicada al cultivo y distribución de cannabis en las regiones de Hellín, Murcia y Alicante. El juicio, que se perfila como un hito en este caso, se llevará a cabo este lunes, 12 de mayo, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Albacete.

Los orígenes de esta operación se remontan, según el informe de la acusación al que ha tenido acceso Europa Press, al 12 de febrero de 2020. En esa fecha, los acusados se unieron con el propósito de cultivar cannabis a gran escala en Hellín y otras partes de las provincias mencionadas. Para llevar a cabo sus actividades ilícitas, rentaron varios locales utilizando falsas identidades y los equiparon con elaboradas instalaciones de luz, agua y sistemas de ventilación y refrigeración, que mantenían bajo estricta vigilancia.

Un registro llevado a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía desveló la magnitud de la operación al descubrir 1.469 plantas de marihuana en un almacén industrial de Hellín, alimentadas por más de 300 lámparas halógenas, 72 ventiladores y 30 sistemas de filtrado. Todo esto funcionaba gracias a conexiones eléctricas ilegales que causaron un daño económico a la empresa de electricidad que supera los 65.000 euros.

Las indagaciones también revelaron plantaciones clandestinas en los municipios murcianos de La Azacaya, La Seca y Archena, así como en Orihuela, Alicante. En total, se incautaron alrededor de 6.000 plantas y casi 16.000 gramos de marihuana, cuyo valor en el mercado negro se estima en más de 80.000 euros.

Los acusados, originarios de Francia y Bélgica, enfrentan una serie de cargos que incluyen cinco meses de prisión por pertenencia a agrupación criminal, tres años y nueve meses de cárcel por infringir la ley sobre salud pública y seis meses de multa por defraudación del suministro eléctrico, fijada en una cuota diaria de 12 euros. Además, se ha solicitado una multa de 150.000 euros y una indemnización por los daños ocasionados a la compañía eléctrica por un monto que supera los 65.000 euros.