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Toledo solicita prórroga para alegaciones a Fondos EDIL por falta de información adecuada.

Toledo solicita prórroga para alegaciones a Fondos EDIL por falta de información adecuada.

TOLEDO, 17 de octubre. En un reciente movimiento que ha captado la atención, el Ayuntamiento de Toledo ha solicitado la suspensión del plazo para presentar alegaciones sobre la distribución de los Fondos EDIL, donde, sorprendentemente, la capital castellano-manchega no ha recibido ninguna asignación.

En un documento dirigido a la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, y firmado por el alcalde, Carlos Velázquez, el Consistorio ha argumentado que esta suspensión es necesaria hasta que se faciliten los datos requeridos para poder presentar alegaciones adecuadas.

Además, el Ayuntamiento ha solicitado una revisión de la propuesta de resolución provisional, pidiendo que se aplique un prorrateo justo de la senda financiera, la cual debería distribuirse equitativamente entre todos los planes que hayan acumulado más de 50 puntos, incluyendo a Toledo en este grupo.

En sus alegaciones, el Ayuntamiento señala que la Orden de Bases que regula la asignación de fondos establece que la búsqueda de recursos debe ser proporcional a la demanda efectiva, medida por las solicitudes que superen la puntuación mínima estipulada de 50 puntos, como es el caso de Toledo.

De acuerdo con las bases, cada solicitud debería ser evaluada competitivamente, teniendo en cuenta el presupuesto disponible en cada región y la realidad municipal existente, lo cual subraya la importancia de un proceso justo y equitativo.

Por otro lado, el Consistorio resalta que, según la normativa, a los planes que alcancen la puntuación mínima se les debería otorgar la senda financiera que cubra el presupuesto máximo, mientras que en caso de no haber fondos suficientes, se debería prorratear entre los planes seleccionados hasta asegurar financiamiento para al menos uno de cada tipo de beneficiario.

El Ayuntamiento recalca que, para ser justos, la inversión pública necesaria en los planes debería ascender a 11.441.056 euros, donde un 85% de financiación supondría una senda financiera de aproximadamente 9.724.897,60 euros.

En un apartado adicional de sus alegaciones, el Ayuntamiento menciona una propuesta de resolución provisional publicada en el BOE el 3 de octubre, que establece unos criterios de selección en los que "se ha garantizado que todos los planes seleccionados cuentan con una senda financiera de al menos el 70% de lo solicitado". Sin embargo, esta cifra ha generado controversia al observar que otras ciudades han recibido asignaciones significativas mientras Toledo ha quedado excluida.

Además, el 3 de octubre, el Consistorio solicitó detalles sobre la puntuación obtenida en sus proyectos, pero lamenta que su petición no fue atendida, a pesar de haberse reiterado el 10 de octubre.

Esto plantea serias dudas acerca del cumplimiento de la Ley General de Subvenciones, que exige una justificación adecuada en la propuesta de resolución provisional, algo que el Ayuntamiento considera que no se ha cumplido correctamente.

El equipo del Gobierno municipal sostiene que se han incorporado criterios arbitrarios en el proceso de evaluación, afectando la equidad en la concesión de ayudas y sugiriendo que la regla del 70% no debe interferir ni alterar la evaluación inicial, ya que nunca fue parte de las bases reguladoras.

Estos criterios adicionales, a juicio del Ayuntamiento, infringen principios fundamentales como la legalidad, la transparencia y la igualdad, afectando directamente la competitividad del proceso.

Por último, el Ayuntamiento afirma que la falta de un verdadero equilibrio territorial desvía la atención del equilibrio provincial, y que la falta de un prorrateo entre los planes que superan los 50 puntos es un error que debe corregirse para garantizar una distribución justa de los fondos europeos.

Desde la administración local se concluye que la revisión de las bases reguladoras y su exclusión del Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Hacienda son aspectos que no cumplen con la normativa vigente, razón por la cual se exige la anulación de dichas bases para que se pueda asegurar un procedimiento justo y equitativo para todos los beneficiarios potenciales.