TOLEDO, 25 Abr. - La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo se prepara para el juicio que se llevará a cabo el próximo martes, 29 de abril, en el que se juzgará a un hombre, identificado como F.G.J., por la acusación de agresión sexual a una menor de 16 años. El Ministerio Fiscal solicita una pena de diez años de cárcel para el acusado.

De acuerdo con el relato de la acusación, los hechos ocurrieron en la madrugada del 18 de julio de 2022. En ese momento, la víctima, que solo tenía 14 años, fue llevada por su padre a las cercanías del lago de Argés. Allí, la joven se unió a un grupo de amigos para participar en un botellón que fue disuelto por las autoridades de la Guardia Civil.

En búsqueda de más diversión, la menor y sus amigos se trasladaron a Seseña Viejo, motivados por la noticia de otra fiesta que habían encontrado en Instagram. Allí comenzaron a consumir alcohol; fue entonces cuando se acercó el acusado, quien les pidió bebida. Posteriormente, se unieron a otro grupo que les ofreció cerveza, lo que los llevó a un domicilio después de las 6:00 AM.

En ese hogar, mientras la amiga de la menor se ausentó momentáneamente, el joven la invitó a subir a una habitación en la planta superior. En ese espacio privado, F.G.J. perpetró el delito de agresión, sometiéndola a una relación sexual sin consentimiento y sin protección, lo cual incluyó la toma de fotografías en un acto violento y deshonesto. Alrededor de las 12:30 horas, el padre de otra amiga llegó para recoger a las jóvenes presentes.

En su solicitud, el Fiscal también ha requerido que se impida al acusado acercarse a la víctima a menos de quinientos metros, así como a su domicilio o lugar de trabajo, por un periodo superior a los ocho años de la sentencia. Además, solicita que se le someta a seis años de libertad vigilada, que incluiría la obligación de participar en programas de educación sexual.

El Ministerio Público ha propuesto también que se le imponga una inhabilitación especial que le prohiba ejercer cualquier actividad que implique contacto directo con menores durante quince años.

Finalmente, se espera que el acusado indemnice a la víctima con 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil, por los daños morales sufridos. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de proteger a las víctimas y responder adecuadamente ante delitos tan graves.