En Guadalajara, el 9 de julio, la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha manifestado una vez más la urgencia de contar con una financiación adecuada del Gobierno central para poder gestionar la acogida de menores migrantes en la región. Con un llamado al sentido común, expresó su deseo de que se priorice una solución sensata a esta problemática.

Durante una rueda de prensa, García Torijano enfatizó que depender de una ayuda que sólo cubre un periodo de tres meses es una estrategia insostenible para establecer un sistema de acogida eficaz y adaptado a las circunstancias actuales. “No podemos esperar que se materialice un relato que, sin los recursos necesarios, será una quimera”, apuntó la consejera con preocupación.

La funcionaria reiteró su compromiso con el bienestar de los menores, indicando que Castilla-La Mancha estará dispuesta a colaborar siempre y cuando se garantice la financiación suficiente. “Si el Ministerio de Infancia invierte, nosotros responderemos con un esfuerzo social,” dijo, defendiendo el modelo de acogida que caracteriza a la comunidad y que desean mantener intacto.

Si se impone la obligación de acoger a los menores, García Torijano aseguró que Castilla-La Mancha cumplirá con lo que le permita su capacidad, aunque reconoció la vulneración de los derechos de estos niños por decisiones que toma el Gobierno de España. Respondió de manera evasiva a la pregunta de cómo lograrán llevarlo a cabo sin los recursos prometidos, sugiriendo que “habrá que cruzar ese puente cuando llegue el momento”.

Actualmente, la consejera está a la espera de la conferencia sectorial programada para la próxima semana, donde confía que se definirán el mapa de acogida y la financiación asociada a esta tarea. Señaló que la última propuesta ya incorpora a las comunidades autónomas, pero con una reducción del 80% en el coste por plaza, lo que sería solo suficiente para cubrir los primeros tres meses de acogida.

García Torijano subrayó la inconsistencia de ofrecer únicamente 100 millones de euros cuando se necesitan más de 250 millones para el cuidado de aproximadamente 4,000 menores. Reconoció que las negociaciones con el Gobierno central están siendo complicadas debido a la falta de acuerdo en torno a la financiación, una realidad dolorosa dado que el Ministerio de Infancia no ha presentado la partida necesaria para la acogida adecuada de estos niños.

“Los recortes no son la solución a los problemas”, enfatizó, reiterando la disposición de Castilla-La Mancha para colaborar sin comprometer los derechos de los menores. La consejera hizo hincapié en que los costos asociados a su atención deben ser cubiertos de manera justa, igual que se hace con cualquier otro niño bajo la tutela del Gobierno regional.

Además, García Torijano expresó que, según el Real Decreto Ley, pueden obligar a las comunidades autónomas a llevar a cabo los traslados, aunque su administración ya ha impugnado esta normativa, argumentando que las circunstancias ordinarias no se pueden comparar con situaciones excepcionales. En cuanto a la postura de Vox sobre la migración, la consejera rechazó abiertamente sus ideas, calificándolas de radicales y de naturaleza que compromete los derechos humanos. Aseguró que el enfoque en estos casos debe alejarse de discursos de odio que generan división y temor en la población.

La situación en Canarias, descrita por la consejera como “delicada” debido a las dificultades actuales para alojar migrantes, ha llevado al Gobierno de Castilla-La Mancha a manifestar su deseo de ayudar en la medida de lo posible, asegurando que no se vea afectado su sistema de protección.

También hizo alusión a la escasa información que reciben las comunidades autónomas sobre esta cuestión, criticando la falta de comunicación al respecto. Según los rumores, la reunión con las CCAA podría llevarse a cabo el 17 de julio, aunque García Torijano destacó que no han recibido confirmación desde Castilla-La Mancha.

En lo que respecta a la llegada de menores a diversas comunidades, se estima que los traslados podrían iniciarse entre finales de agosto y septiembre. Para Castilla-La Mancha, se prevé la incorporación de 320 menores durante un año, lo que García Torijano consideró “imposible” dado que el sistema de protección cuenta con solo 560 plazas, de las cuales ya están ocupadas al 98%.