TOLEDO, 4 de noviembre.

Este miércoles, 6 de noviembre, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo se prepara para llevar a cabo el juicio de S.P.V. y F.J.C., ambos de origen colombiano. La Fiscalía ha solicitado una condena de cinco años de prisión para cada uno de ellos, acusándolos de un presunto delito relacionado con la venta de drogas.

Según el relato presentado por el fiscal, el 30 de mayo de 2021, los acusados fueron sorprendidos en plena actividad delictiva por la Policía Nacional. Se encontraban en el Parque La Portiña, ubicado en Talavera de la Reina, donde se dedicaban a la venta de cannabis y ketamina, preparando estas sustancias para su distribución a otros consumidores a cambio de dinero.

Las autoridades realizaron una intervención que resultó en la incautación de 450 euros en efectivo, repartidos en billetes de varias denominaciones. Además, se encontraron numerosas bolsas tipo 'Zip' que contenían una sustancia en polvo. Tras realizar un análisis exhaustivo, se determinó que esta sustancia era cannabis, con un peso neto de 9,25 gramos y una pureza del 18,78%, lo que implicaría un valor en el mercado ilícito de aproximadamente 55,59 euros.

Asimismo, los agentes también confiscaban 17,34 gramos de ketamina, que presentaba una pureza de 16,34%, y que podría haber alcanzado un valor en el mercado de 830,23 euros.

El fiscal argumenta que estos actos constituyen un delito contra la salud pública, en su forma más grave, como estipula el artículo 368 del Código Penal. Por lo tanto, la acusación demanda una pena de cinco años de prisión para cada uno de los imputados, además de la inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo mientras dure la condena, así como una multa de 2.000 euros. En caso de que no puedan hacer frente a esta multa, deberán afrontar cuatro meses de privación de libertad adicional.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 89.1 del Código Penal, se prevé que ambos acusados tengan la posibilidad de sustituir la pena de prisión por su expulsión del territorio español, una vez cumplan dos tercios de la condena, si obtienen el tercer grado o si se les concede la libertad condicional, con la obligación de no regresar a España durante un periodo de ocho años.