En un desarrollo preocupante en Ciudad Real, la Audiencia Provincial ha emitido una orden de detención contra G.M.S., un refugiado afgano, quien enfrenta graves acusaciones por un presunto abuso sexual que resultó en el embarazo de una compatriota. Este juicio, que debía llevarse a cabo el pasado martes, no pudo proceder debido a la incomparecencia del acusado.

El caso está bajo la mirada del Ministerio Fiscal, que sostiene que G.M.S., de 25 años, agredió sexualmente a una mujer de 23 años, a quien conoció en el contexto del Sistema de Acogida de Protección Internacional administrado por una ONG. Esta circunstancia ha hecho resaltar la vulnerabilidad de los solicitantes de asilo y la necesidad de proteger sus derechos, especialmente en situaciones tan delicadas.

De acuerdo con la acusación, la relación entre G.M.S. y la víctima comenzó como una amistad, en la que el acusado se presentó como un apoyo para facilitar la integración de la mujer en su nuevo entorno en España. Sin embargo, lo que comenzó como una relación de ayuda se tornó en un episodio trágico que ha llevado a la mujer a una situación de profunda crisis.

La narración de los hechos indica que, en septiembre de 2022, G.M.S. invitó a la mujer a su hogar bajo el pretexto de entregarle una aguja y hilo para que pudiera confeccionar su propia ropa. Una vez en su domicilio, el acusado ofreció bebidas alcohólicas a la víctima. Ella aceptó solo una copa y no la terminó. Sin embargo, en un giro desgarrador de los acontecimientos, el hombre forzó a la mujer a ir a su habitación, donde, según las acusaciones, consumó la agresión sexual, resultando en un embarazo no deseado.

Ante la gravedad de los delitos que se le imputan, la Fiscalía ha solicitado una pena de seis años de prisión por agresión sexual, además de proponer la expulsión de G.M.S. del territorio español una vez que haya cumplido tres cuartas partes de su condena, acompañada de una prohibición de regreso al país durante una década.

Finalmente, el Ministerio Público también ha solicitado una indemnización de 25.000 euros para la víctima, en compensación por los daños morales que ha sufrido. Este caso subraya la urgente necesidad de abordar y prevenir la violencia de género, especialmente en comunidades vulnerables como la de los refugiados, quienes a menudo se convierten en blancos en situaciones de abuso y explotación.