El pasado 2 de octubre, en un encuentro en Madrid, el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) abordó la reciente detención del vicario de Toledo en Torremolinos, así como el juicio a otro sacerdote en Don Benito por tráfico de drogas. El portavoz se mostró preocupado y aseguró que estos incidentes son "hechos aislados" que, no obstante, afectan a toda la comunidad eclesiástica.

Sobre la situación del vicario, que ocupa un cargo relevante en Toledo, el portavoz expresó su pesar por el escándalo generado, reiterando el deseo de la Iglesia de pedir perdón a todos aquellos que se hayan visto comprometidos por esta situación. Este reconocimiento se hace en un momento en que la Iglesia se esfuerza por mantener su imagen pública y la confianza de los fieles.

Referente a otro caso, donde dos sacerdotes enfrentan una posible condena de tres años de prisión por incitación al odio hacia migrantes y musulmanes, el portavoz optó por dejar en manos de la justicia el dictamen sobre si sus comentarios sobre la libertad de expresión han cruzado alguna línea. Este caso se enmarca en un contexto más amplio de debates sobre derechos humanos y el tono de la discusión pública en España.

En un tema que ha adquirido relevancia, el portavoz se expresó a favor de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) dirigida a proteger a las personas mayores del maltrato. "La Iglesia defiende la vida en todas sus etapas", enfatizó, y subrayó la importancia del respeto a la dignidad de los ancianos en todas sus interacciones, tanto dentro de los hogares como en residencias.

Además, el secretario general abordó la cuestión del aborto, afirmando que el "síndrome post-aborto" es una realidad que la Iglesia ha observado a través de sus programas de apoyo a mujeres que han tomado esa difícil decisión. Esta declaración se produjo en el contexto de la reciente propuesta del Ayuntamiento de Madrid, de la cual el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, había indicado que la noción de este síndrome no cuenta como un diagnóstico científico aceptado.

El debate en torno al aborto fue otro tema central de la rueda de prensa. García Magán reiteró que la Iglesia sostiene que hay una vida humana desde el inicio del embarazo, y consideró que la eliminación de esa vida debe ser un tema de reflexión más profunda, cuestionando si puede ser visto como un derecho. Con más de 100,000 abortos registrados en 2023, hizo un llamado a encontrar alternativas y apoyos para las mujeres en situaciones difíciles, con el objetivo de que la decisión no se reduzca a una única opción.

En cuanto al abordaje de la crisis de abusos sexuales en la Iglesia, García Magán valoró positivamente el Plan PRIVA, que ha llevado a indemnizar a un número creciente de víctimas, confirmando que la comisión que gestiona estas indemnizaciones actúa con independencia, buscando justicia en casos que se han visto afectados por el tiempo o la muerte del agresor.

El portavoz también se refirió a la situación precaria de los habitantes de la Cañada Real Galiana, donde más de 4,000 personas, incluidos 1,800 niños, viven sin acceso a la electricidad desde hace cinco años. Subrayó que el acceso a una vivienda digna debe ser un derecho fundamental en cualquier sociedad que aspire al bienestar, haciendo un llamado a la acción para abordar estas desigualdades en un contexto de desarrollo social.

La reunión de la Comisión Permanente también abordó otros asuntos, como las Líneas Pastorales de la CEE para el periodo 2026-2030 y la creación de un plan de ayudas para las diócesis y su misión educativa. La colaboración con otras confesiones cristianas en España también fue un punto clave, particularmente en vista del 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, destacando el papel significativo del diálogo interreligioso en la sociedad actual.