TOLEDO, 20 de mayo.

Este martes, un grupo de sindicatos, entre los que se encuentran FSIE, UGT, USO y CCOO, han comenzado una serie de concentraciones con el propósito de visibilizar lo que consideran una grave injusticia por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en relación a la educación concertada en la región. Su principal exigencia es la creación de una mesa de diálogo donde se discutan importantes temas como la implementación de jubilaciones parciales, la reducción de la carga lectiva y la regularización de la paga de antigüedad.

Representantes de estas organizaciones sindicales se presentaron a las puertas de la Consejería en Toledo, donde denunciaron que el consejero Amador Pastor ignora sus demandas y no está dispuesto a involucrarse en un diálogo constructivo.

Jaime Romero Felipe, secretario provincial de FSIE de Ciudad Real, subrayó que la Administración regional se muestra renuente a atender las diversas solicitudes de mejora laboral exigidas durante años por los aproximadamente 6.000 docentes y el personal administrativo y de servicios vinculados a este sector educativo.

“La situación se volvió insostenible en marzo, cuando la Administración se negó a discutir un nuevo convenio para las jubilaciones parciales a raíz de un cambio legislativo que entró en vigor el 1 de abril. Pedimos una convocatoria antes de que concluya el curso escolar para acordar este tema y que los docentes tengan claridad sobre su situación para el próximo año”, expresó Romero.

Por su parte, Tomás Seco de Herrera, coordinador de USO Castilla-La Mancha y miembro de la Federación de Enseñanza, destacó que casi dos meses después de una reunión con la viceconsejera de Educación, no se ha progresado en ninguna de las cuestiones planteadas entonces.

“En aquel encuentro, la Administración dejó claro que no había presupuesto para implementar la jubilación parcial para el profesorado de la educación concertada, evidenciando así su falta de voluntad para aceptar esta solicitud legítima”, comentó Seco.

Fernando Villamor, responsable de Educación Concertada de UGT, también demandó una reunión con la Consejería antes de que finalice el curso para alcanzar un acuerdo que aborde todas las cuestiones que llevan años sin respuesta.

Luis Gutiérrez, representante de la Enseñanza Privada en la Federación de Comisiones Obreras, criticó la falta de convocatoria de la reunión prometida para este mes de mayo, así como la ausencia de una verdadera intención de negociación por parte de la Consejería.

“Vamos a intensificar nuestras acciones, incluyendo concentraciones públicas, para hacer visible esta injusticia. No descansaremos hasta que se produzca un acuerdo que reconozca y respete la labor de los docentes y del personal de Administración y servicios en la educación concertada”, afirmó Gutiérrez.

Los sindicatos reiteran que el profesorado de la educación concertada, que proporciona un servicio público, debe gozar de los mismos derechos y condiciones que sus colegas de la educación pública. Piden que se les abone la paga de antigüedad, un derecho que llevan casi una década sin recibir.

Respecto a la carga lectiva, los docentes expresan su envidia hacia sus homólogos de la educación pública, quienes se benefician de un acuerdo que les permite reducir su carga, mientras ellos se enfrentan a condiciones laborales mucho más desafiantes.