TOLEDO, 29 de enero. La consejera de Igualdad, Sara Simón, llevó a cabo una reunión significativa con representantes del movimiento LGTBI en Castilla-La Mancha, donde expuso las directrices esenciales que guiarán a la Consejería durante este año, destacando la ampliación del Servicio de Atención Integral (SAI) como una de sus prioridades más urgentes.

En este contexto, Simón comunicó que la previsión es que para el próximo verano la ampliación del SAI esté completamente operativa. Esto incluirá la creación de puntos de atención presencial en todas las capitales de provincia de la comunidad, con la clara intención de "ir mejorando y haciendo crecer el servicio", tal como se detalla en la nota de prensa emitida por la Junta.

La consejera también se comprometió a aumentar "poco a poco" el presupuesto destinado a subvencionar las actividades organizadas por las asociaciones LGTBI. En este sentido, recordó que, en los últimos años, el monto del presupuesto ha crecido casi seis veces. Además, anunció que en la próxima convocatoria de ayudas, que se espera publicar en marzo, se ampliarán los plazos de solicitud, pasando de 10 a 15 días hábiles, para facilitar la inscripción de las distintas asociaciones interesadas.

Asimismo, Sara Simón presentó un borrador del decreto que propone la convocatoria de la Comisión de Diversidad y del Consejo de Participación LGTBI, así como la creación de una Red de Municipios por la Igualdad y la Diversidad. Estas iniciativas se desarrollarán en colaboración con la FEMP, y también se contempla la mejora de la unidad de género dentro de la administración.

En respuesta a las inquietudes planteadas por diversas asociaciones, la consejera aseguró que el Gobierno regional ha incorporado en la reforma del Estatuto de Autonomía un compromiso claro con el respeto y la protección de los derechos LGTBI. Sin embargo, subrayó que "el nuevo estatuto depende de negociaciones políticas que el principal partido de la oposición debe estar dispuesto a reiniciar".

Para concluir el encuentro, Simón reafirmó la determinación del Gobierno de García-Page de "seguir trabajando y desarrollando la Ley de Diversidad Sexual de Castilla-La Mancha", dejando claro su firme compromiso con los derechos humanos, el rechazo absoluto a cualquier forma de discriminación y una condena expresa hacia las terapias de conversión en todas sus formas.