TOLEDO, 24 de septiembre.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado un paso significativo hacia la modernización de su relación con los ciudadanos y las empresas al anunciar la eliminación del silencio administrativo, que se transformará en una "garantía de derechos" en la región. Este cambio busca facilitar la interacción con la Administración regional y potenciar la transparencia en los trámites cotidianos.

La portavoz del Ejecutivo, Esther Padilla, expuso esta iniciativa en la rueda de prensa habitual del Consejo de Gobierno, donde se aprobó la eliminación de 80 trámites burocráticos en todas las consejerías, como parte del avance en la Ley de Simplificación Administrativa.

Con esta reforma, se implementa el silencio administrativo positivo en una amplia variedad de trámites, lo que significa que si la Administración no responde en el plazo estipulado, se asumirá que la solicitud ha sido aprobada, beneficiando así al solicitante.

“De ahora en adelante, el silencio administrativo será un aliado y no un impedimento”, afirmó Padilla, enfatizando el nuevo enfoque hacia una burocracia más eficiente.

Adicionalmente, se estipula que cerca de 30 trámites dejarán de requerir autorización explícita y podrán realizarse por medio de declaraciones responsables o avisos previos, lo que agiliza el inicio de diversas actividades para ciudadanos y empresas.

Por ejemplo, se permitirán gestiones más rápidas en áreas como becas, autorizaciones medioambientales, normativa agrícola, y apertura de centros educativos de música y danza, entre otros, a través de una simple comunicación a la Administración.

Las distintas consejerías tendrán un periodo de nueve meses para adecuarse a esta nueva normativa, aunque Padilla ha señalado que la implementación podría llevarse a cabo en un plazo incluso más corto, dado que la preparación ya está en marcha.

La portavoz aseguró que este es solo el comienzo y que se continuará trabajando en la simplificación de procedimientos, abarcando incluso aquellos de mayor complejidad en el futuro.

Esta primera fase de simplificación se centrará mayormente en las áreas de Hacienda, Agricultura y Desarrollo Sostenible, con el objetivo de hacer la Administración más accesible a todos.

Padilla subrayó que este enfoque no solamente agiliza procesos y reduce la burocracia, sino que también ayuda a cerrar brechas sociales, ya que las estructuras burocráticas complejas suelen limitar el acceso de quienes poseen menos recursos o habilidades técnicas.

“La agilidad genera confianza”, concluyó Padilla, reafirmando el compromiso del Gobierno de crear una Administración más cercana y efectiva para todos los habitantes y emprendedores de la región.