TOLEDO, 2 de octubre. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho un llamado a la creación de un marco de financiación que sea "realista y adaptable" para el nuevo Plan Estatal de Vivienda (PEV), reconociendo la "particularidad" de la región en este proceso.

La directora general de Vivienda, Salu García Alfaro, manifestó esta solicitud durante su participación en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, que se celebra hoy en el Ministerio de Vivienda. Según un comunicado de la Junta, esta reunión es fundamental para delinear futuros pasos en materia habitacional.

García Alfaro enfatizó el compromiso de Castilla-La Mancha con los objetivos del PEV. "Queremos más viviendas protegidas, un parque residencial de mejor calidad y que las familias puedan acceder a él con menos dificultades," subrayó.

A pesar de este consenso, aclaró que "para que estos objetivos se materialicen es esencial contar con un marco de financiación que no sobrecargue nuestras finanzas públicas y que se ajuste a las necesidades específicas de nuestra comunidad." Su observación surge a la luz del hecho de que el borrador actual del PEV exige un aumento del 658% en la contribución de la región respecto al anterior plan.

La directora regional también recordó que el Gobierno ha presentado alegaciones al plan, buscando que se reconozca el esfuerzo financiero que la comunidad ya está realizando mediante otros programas y fondos europeos, que apoyan tanto la construcción de viviendas protegidas como su rehabilitación.

Al abordar la distribución de fondos, García Alfaro sostuvo que esta no debería ser estricta. El actual esquema del Plan destina un 40% a la construcción de vivienda social, un 30% a la rehabilitación y accesibilidad, y otro 30% al acceso a la vivienda. Dado que Castilla-La Mancha es en gran medida rural y enfrenta desafíos como la despoblación y un parque de viviendas envejecido, ella propone que estos porcentajes se ajusten según las necesidades locales.

Además, hizo hincapié en la importancia de que el nuevo Plan contemple los costos de gestión que conlleva este esfuerzo presupuestario. Propuso destinar hasta un 3,5% de la aportación autonómica a recursos humanos y herramientas tecnológicas necesarias para la adecuada gestión de las ayudas.

Finalmente, García Alfaro delineó tres propuestas clave: establecer un programa específico de ayudas para urbanizar suelos destinados a vivienda protegida, incluir de manera explícita las iniciativas de rehabilitación y social que ya están en marcha, y asegurar la continuidad de las oficinas de rehabilitación que han demostrado ser eficaces gracias a financiamiento europeo.

En resumen, García Alfaro concluyó que "no estamos pidiendo privilegios, sino que buscamos que el Plan Estatal reconozca nuestras contribuciones con el fin de establecer un marco financiero justo y coherente. El objetivo es aumentar la disponibilidad de viviendas de calidad y facilitar el acceso a las familias." Esta perspectiva destaca la necesidad de atender a la diversidad de realidades en España y priorizar la sostenibilidad en el acceso a la vivienda.