En un contexto alarmante, la lista de espera para recibir atención por dependencia ha experimentado un incremento notable en la primera mitad de 2025, marcando un hito preocupante que no se había visto en la última década. La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha señalado que la situación es crítica en diversas comunidades autónomas, destacando Castilla-La Mancha, donde las solicitudes pendientes han crecido un asombroso 63,4% en este período.

A nivel nacional, las cifras son igualmente desalentadoras, con 286.861 personas registradas en lista de espera a fecha de 30 de junio. Además, la espera media se ha prolongado a 342 días, lo que representa un aumento de ocho días desde el comienzo del año.

Los directores de Servicios Sociales advierten que hemos llegado a un “cambio de tendencia”. Desde 2015, las listas de espera experimentaban una disminución continua; sin embargo, en los primeros seis meses de 2025 se ha registrado un aumento cercano al 6%. Con el ritmo actual de atención, los expertos estiman que se necesitarían 94 años para alcanzar la plena atención necesaria para todos.

Según un informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, 136.009 personas siguen aguardando una valoración, mientras que 123.857 esperan la elaboración de su Plan Individual de Atención (PIA). Además, 26.995 personas ya tienen su PIA aprobado, pero todavía no reciben la prestación o servicio correspondiente.

The directors han calificado como "preocupante" la situación en cuatro comunidades donde las listas de espera han aumentado en más de un 20%. Específicamente, los incrementos destacan en Valencia (+21,8%), Madrid (+32,8%), claro ejemplo de las disparidades que se viven a lo largo del territorio nacional, y en Castilla-La Mancha (+63,4%) y Cantabria (+64%), que partían de números muy bajos de espera.

Por otro lado, Galicia (-26,1%), Castilla y León (-20,6%) y Navarra (-11,6%) han logrado disminuir sus listas de espera. En términos absolutos, Cataluña ha liderado el aumento de personas en espera con 7.972, seguida de Valencia con 5.930 y Madrid con 3.597, siendo estas tres comunidades responsables de más incrementos que la suma total de todo el Estado. Mientras tanto, Canarias (-2.803) y Castilla y León (-2.424) se destacan por reducir el número de personas en listas de espera.

El número de personas que tienen derecho a alguna prestación ha crecido un 3,2% en comparación con el año anterior. Las comunidades que han mostrado el incremento más notable en quienes tienen derecho a prestación son Canarias (+17,5%), Galicia (+8,6%) y Asturias (+5,6%). En contraste, Cantabria ha visto una ligera caída en este aspecto (-0,2%), mientras que Valencia y La Rioja presentan incrementos mínimos.

Las diferencias regionales se hacen evidentes en lo que respecta al “limbo de la dependencia”. Las comunidades donde la situación es más crítica son Canarias (35,4%), País Vasco (16%), Cataluña (14,5%) y Extremadura (11,8%). En contraste, Aragón, Navarra y Cantabria tienen tasas considerablemente más bajas. En 2025, Canarias, Castilla-La Mancha y Madrid han liderado el crecimiento en el limbo de la dependencia, mientras que la mayoría de estas personas reside en Cataluña, Andalucía y Canarias.

En cuanto a las prestaciones asignadas, los datos son preocupantes. Las ayudas económicas para cuidados familiares tienen un promedio de 264 euros mensuales, disponibles para 680.153 personas. La desigualdad es clara, con montos que varían según los grados de dependencia, lo que dificulta el acceso a un apoyo adecuado.

A pesar de que el número de beneficiarios ha alcanzado cifras récord, la asociación ha denunciado que tanto los gobiernos autónomicos como el Ministerio perpetúan un discurso triunfalista que ignora la realidad de miles de personas en espera. La disminución en plazas residenciales y servicios de día durante el último semestre refleja la gravedad de la situación.

Desde el pico que marcó la inclusión de personas dependientes de grado I en julio de 2015, la lista de espera había ido disminuyendo, pero el 2025 ha presentado un giro alarmante, con 16.536 personas más en espera de atención que a comienzos de año.

Los expertos también han puesto de manifiesto la insuficiencia de la financiación pública, recordando que en 2024 el Gobierno paralizó el aumento de 600 millones de euros, lo que ha limitado no sólo la cantidad de beneficiarios sino la calidad de las prestaciones y servicios ofrecidos.