TOLEDO, 29 de septiembre.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado la urgencia de mantener un encuentro con el Ejecutivo central para discutir las nuevas regulaciones sobre el trasvase Tajo-Segura, enfatizando que el plazo anunciado para este mes de septiembre está a punto de expirar. Desde la administración regional, no están dispuestos a aceptar prórrogas ni a llegar a un punto muerto en el diálogo.

“Estamos listos para reunirnos en cualquier momento y conocer el documento que necesitan presentar. No podemos permitir que busquen más dilaciones ni que el proceso se extienda a situaciones difíciles, ya que las verdaderas víctimas de esta espera serán el medio ambiente y la ciudadanía de Castilla-La Mancha", declaró Esther Padilla, consejera y portavoz del Gobierno regional.

En el marco de la inauguración de la exposición ‘Momentos icónicos de la historia de Castilla-La Mancha’ de la Agencia EFE en Toledo, Padilla criticó la falta de comunicación por parte de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien, según afirmó, no ha mantenido reuniones con representantes del gobierno autonómico desde que asumió su cargo hace un año.

“Cuando la ley y las sentencias no se cumplen, la única opción es forzar su ejecución. Si es necesario recurrir a la justicia, no dudaremos en dar ese paso, aunque sea difícil”, advirtió la portavoz, subrayando la disposición del Gobierno regional para abordar este tema de manera enérgica.

Padilla añadió que el tiempo sigue avanzando sin que se observe ningún cambio en las perspectivas desde que se aprobaron los planes hidrológicos hace dos años. “Han pasado días, meses y años, y no hemos visto ningún avance”, constató.

La consejera insistió en que la situación actual se reduce a una cuestión de voluntad política, y recordó que no se puede esperar para modificar las normas hasta el último momento, algo que carece de lógica.

“Es imperativo que, dado que hay sentencias del Tribunal Supremo, directivas de la UE y normativa estatal que este país está obligado a cumplir, el Gobierno actúe de inmediato y publique la ley correspondiente”, exigió Padilla con firmeza.

Hasta el momento, no existe ni siquiera un borrador sobre esta nueva normativa. Padilla lamentó que el trasvase siga utilizándose de manera que infringe la legislación vigente, desatiende las decisiones judiciales y contradice las directivas europeas.

“No sé qué más se puede hacer para que las cosas cambien”, concluyó Esther Padilla, visiblemente preocupada por la situación actual.