El próximo 10 de noviembre, la Audiencia Provincial de Guadalajara acogerá un juicio de gran relevancia social que contará con la participación de un jurado popular. Este proceso judicial se enmarca en el trágico triple asesinato de un matrimonio y su hija en un chalé de Chiloeches, cuya conmoción ha resonado en la comunidad desde que ocurrieron los hechos en abril de 2024.

El caso, cuya duración está prevista hasta el 19 de noviembre, enfrenta a tres acusados, entre ellos F.P.S., un joven de 29 años señalado como el autor material del crimen. La Fiscalía ha solicitado la pena de prisión permanente revisable para F.P.S., mientras que los otros dos acusados podrían recibir cinco años de cárcel por su supuesta complicidad en el robo que condujo a estas muertes.

Según la acusación formal presentada por la Fiscalía Provincial de Guadalajara, F.P.S. enfrentaría no solo la pena más severa por los asesinatos de A.E.V., E.F.G. y su hija L.V., sino también la inhabilitación absoluta durante el tiempo de su condena. A esta pena se sumarían cinco años por el robo violento y otros tres por los daños ocasionados por el incendio que siguió a los crímenes.

Desde la óptica civil, la Fiscalía demandó que se imponga a F.P.S. una indemnización que supera los 560.000 euros, destinando 400.000 a Y.V.F., el hermano de L.V., que fue el único miembro de la familia que no se encontraba en la casa durante el ataque. También se reclaman más de 163.000 euros para cubrir las reparaciones del chalé afectado.

Los otros dos acusados, C.B.M. y D.M.A., han sido considerados "cooperadores necesarios" y se enfrentan a una condena de cinco años cada uno por su papel en el asalto violento. Se ha señalado que C.B.M. se habría asociado con F.P.S. para planear el robo, creyendo que la familia poseía objetos de gran valor.

El día del ataque, F.P.S. ingresó al hogar familiar armado con un cuchillo y una bayoneta, sorprendiendo a la pareja mientras dormía. En un ataque brutal, acabó con la vida de A.E.V. y E.F.G., y dejó heridas fatales a L.V. cuando intentó escapar. La Fiscalía describe este acto como un crimen que excedió cualquier plan inicial, aprovechándose de la vulnerabilidad de las víctimas en un momento de total desamparo.

Tras ejecutar el crimen, F.P.S. despojó a la familia de sus pertenencias y provocó un incendio en la vivienda para encubrir sus actos. Fue arrestado dos días después de la tragedia.

A pesar de que inicialmente se solicitó prisión provisional para los tres implicados, actualmente solo F.P.S. permanece tras las rejas. Este juicio no solo abordará las acusaciones fiscales, sino que también se espera que permita a los miembros de la comunidad reflexionar sobre la violencia y su impacto devastador.

El jurado popular tendrá la crucial tarea de decidir la culpabilidad o inocencia de los acusados, basándose en las pruebas presentadas, así como en los testimonios de testigos, incluido Y.V.F. Este caso podría sentar un precedente sobre la respuesta judicial hacia el crimen violento, especialmente en contextos de relaciones personales traicionadas.

La prisión permanente revisable, vigente desde 2015, permite penas indefinidas con revisiones periódicas, y en casos como este, puede requerir que el condenado cumpla más de 25 años antes de considerar su reintegración a la sociedad. El veredicto del jurado marcará un significativo punto de inflexión en esta compleja y trágica historia.