TOLEDO, 18 de noviembre.

En una reciente conferencia de prensa, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, abordó la postura de la Comunidad Autónoma tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada el pasado lunes. Ruiz Molina expresó el firme rechazo al cupo catalán y reiteró la necesidad de establecer un fondo transitorio de financiación para apoyar a las regiones que históricamente han sido infrafinanciadas, como Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.

Durante su intervención, el consejero destacó una contradicción en la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Aunque presentó la idea de un nuevo modelo de financiación para todas las comunidades autónomas, incluidas aquellas de régimen común, también mencionó la noción de "singularidad" que podría llevar a diferencias en el trato hacia Cataluña.

Ruiz Molina reflexionó sobre la satisfacción que pudiera tener ERC con las negociaciones con el Estado respecto a esta cuestión, sugiriendo que tal situación no podría coexistir con el bienestar de Castilla-La Mancha en el mismo contexto.

El consejero reveló que había solicitado información sobre los documentos que se manejaban entre el Gobierno de la Nación y la Generalitat, pero la respuesta de la vicepresidenta sobre la falta de documentación le generó escepticismo. A su juicio, eso contradice la transparencia que debería existir en el proceso.

Montero también mencionó que se mantendría un equilibrio entre la multilateralidad y la bilateralidad en la financiación, evidenciando la complejidad del panorama que enfrenta Castilla-La Mancha, que se siente atrapada entre un sistema que parece favorecer a unas comunidades en detrimento de otras.

Además, Ruiz Molina cuestionó la noción de solidaridad entre regiones, argumentando que lo esencial es discutir la producción y distribución de la riqueza nacional para garantizar que todas las comunidades puedan ofrecer los servicios que les competen.

El nuevo modelo de financiación presentado por Montero, aunque se oyó atractivo, planteó dudas que hicieron que Ruiz Molina adoptara una postura escéptica sobre su viabilidad real y el cumplimiento del principio de ordinalidad, que, según él, no es compatible con la ideología socialista.

En la discusión sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria, el consejero subrayó que es evidente que hay fallas en el proceso de comunicación, dado que los datos llegan cuando los presupuestos regionales ya están en trámite parlamentario, un retraso que obstaculiza una elaboración más precisa de los mismos.

Respecto a la posibilidad de endeudamiento y al manejo del déficit, Castilla-La Mancha expresó su apoyo en la votación, aunque subrayó que su objetivo sigue siendo el equilibrio presupuestario sin necesidad de incurrir en deuda.

Las cuentas ya están en el camino parlamentario, pero Ruiz Molina destacó la falta de claridad sobre los objetivos de estabilidad y los aumentos salariales que se deben aplicar a los empleados públicos. Su pregunta a la vicepresidenta sobre este asunto fue respondida de manera evasiva, lo que le provocó una sensación de desconcierto.

Finalmente, el consejero criticó la actitud de bloqueo político del Partido Popular, señalando como sorprendente que comunidades que también sufren infrafinanciación, como Valencia y Murcia, se opongan a avances en esta materia. Sin embargo, reconoció un aspecto positivo: el interés del Gobierno nacional por establecer un nuevo modelo de financiación autonómica, aunque aún quedan muchos detalles por aclarar.