TOLEDO, 16 de noviembre. La Audiencia Provincial de Toledo se prepara para juzgar el próximo martes, 18 de noviembre, a dos individuos, P.M.I.L. y A.J.A.I., que enfrentan serias acusaciones que incluyen delitos societarios y falsedad en documentos mercantiles. En el caso de P.M.I.L., también se le imputa un cargo de apropiación indebida en relación con una empresa ubicada en Ventas con Peña Aguilera.

P.M.I.L., que compartía la propiedad de la empresa al 50% con otra socia, está acusado de provocar un déficit significativo en la sociedad, estimado en 300.000 euros. La Fiscalía ha solicitado una severa pena de siete años de prisión para P.M.I.L., mientras que A.J.A.I. enfrenta una posible condena de cuatro años.

Según el informe del Ministerio Fiscal, que ha sido accesible a través de Europa Press, la sociedad fue constituida en 1999, siendo P.M.I.L. y M.A.N.G. los socios fundadores con iguales derechos. P.M.I.L. ocupó el cargo de administrador único desde el principio.

En 2015, se llevó a cabo una convocatoria para una junta general extraordinaria, en la que M.A.N.G. solicitó información clave relacionada con el inventario y la contabilidad de la empresa desde 2011 hasta 2015, con la intención de comprender la situación económica del negocio. Sin embargo, esta solicitud no fue atendida, lo que impidió a M.A.N.G. acceder a la información necesaria.

El día de la junta, M.A.N.G., junto a su hermana M.R.N.G. y A.J.A.I. como representante de P.M.I.L., se presentó, aunque el propio P.M.I.L. no asistió. A pesar de que la reunión no se formalizó, A.J.A.I. y P.M.I.L. firmaron un acta afirmando que los acuerdos fueron aprobados por la supuesta abstención de M.A.N.G., quien había sido designada erróneamente como secretaria de la junta, a pesar de haber propuesto ser presidenta.

En una segunda convocatoria para una junta extraordinaria en 2015, M.A.N.G. solicitó de nuevo información sobre la situación de la empresa, pero esta petición tampoco fue respondida adecuadamente.

Más allá de las irregularidades en las juntas, la Fiscalía sostiene que P.M.I.L. realizó diversas transacciones y ventas sin registrarlas en la contabilidad oficial de la empresa, lo que facilitó que se llevara bienes de la sociedad desde la tienda que operó en Madrid hasta agosto de 2015, todo ello en un intento deliberado de enriquecimiento ilícito.

A pesar de su rol como administrador único de la sociedad, P.M.I.L. no presentó las cuentas anuales en el Registro Mercantil entre 2012 y 2015, contribuyendo así al perjuicio estimado de 300.000 euros a la empresa.

Por consiguiente, la Fiscalía considera que ambos individuos son culpables de múltiples delitos, incluyendo dos delitos societarios y uno de falsedad en documento mercantil, mientras que a P.M.I.L. se le añade la acusación de apropiación indebida. Como resultado, se busca imponer penas de siete años de prisión para P.M.I.L. y cuatro años para A.J.A.I.