La Diputación Provincial de Guadalajara ha aprobado en pleno su primer presupuesto de esta nueva legislatura, con un incremento de más de 10 millones de euros. Estas cuentas, que ascienden a 87,6 millones de euros, han sido respaldadas únicamente por los 14 diputados del PSOE que conforman el equipo de Gobierno, mientras que los 9 diputados del PP y los 2 de Vox se han opuesto.

En la sesión plenaria extraordinaria, las enmiendas a la totalidad presentadas por las formaciones de la oposición, PP y Vox, fueron rechazadas por la mayoría absoluta del Gobierno provincial. Lo mismo ocurrió con las enmiendas parciales de los grupos políticos.

En su intervención, la diputada de Economía y Hacienda, Susana Alcalde, reconoció la incertidumbre existente sobre la participación en los ingresos del Estado y la falta de conocimiento sobre las reglas fiscales que se establecerán. Sin embargo, Alcalde destacó la necesidad de seguir adelante con los presupuestos de 2024 y no prorrogar las cuentas actuales, defendiendo el esfuerzo realizado para sacar adelante este plan.

Por su parte, el Grupo Provincial del PP ha cuestionado desde el principio estos presupuestos, afirmando que no tienen ambición inversora ni proyectos novedosos para los pueblos de la provincia. Consideran que se trata de un presupuesto engañoso y poco realista, criticando especialmente que no se hayan aceptado sus enmiendas parciales, como la inclusión de partidas para el impulso de la cultura taurina o un convenio con la asociación de mujeres Afammer.

En cuanto a los consorcios provinciales, el Grupo Popular ha criticado los llamados "tarifazos de Vega" impuestos a todos los municipios de la provincia de Guadalajara. Consideran que se trata de una actualización encubierta e injusta, y han lanzado una campaña informativa para informar a los ciudadanos al respecto.

El Grupo Provincial Vox ha justificado su voto en contra de estas cuentas debido a la falta de prudencia financiera, al incremento desmedido de los impuestos y a la falta de certeza sobre la participación en los ingresos del Estado. También expresan preocupación por la vulneración del carácter limitativo del gasto y por las nuevas tasas de los consorcios de Bomberos y Residuos, que consideran una subida encubierta para los municipios sin tener en cuenta su situación económica. Además, critican el clientelismo del equipo de Gobierno a través de subvenciones y convenios concedidos en función de afinidades políticas.