TOLEDO, 2 de enero — En un destacable avance en la lucha contra la criminalidad financiera, el Área de Investigación de la Guardia Civil de Valmojado ha desmantelado un grupo delictivo involucrado en un esquema de préstamos usureros. En la operación, denominada 'Camboyano', se han arrestado a tres hombres que figuraban como miembros de esta organización, la cual utilizaba vehículos de lujo como garantías y sometía a sus víctimas a extorsiones y amenazas.
Los detenidos enfrentan graves acusaciones que incluyen detención ilegal, amenazas con armas de fuego, lesiones, extorsión y apropiación indebida. Según informes de la Guardia Civil, las fuerzas del orden han confiscado bienes valorados en cerca de 375.000 euros a lo largo de la operación.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por una víctima en Casarrubios del Monte, Toledo, donde se reportaron agresiones y amenazas serias, incluso con un arma de fuego. La gravedad de estas situaciones motivó a los agentes a actuar y descubrir las identidades de los presuntos criminales, los cuales pertenecen a un mismo clan familiar.
Hasta el momento, se ha confirmado que el grupo mantuvo bajo coerción a, al menos, tres personas en diversas localidades de Toledo y Madrid. Tras un exhaustivo trabajo de investigación, los agentes pudieron localizar las residencias de los sospechosos en varios distritos de la Comunidad de Madrid, lo que llevó a la realización de entradas y registros coordinados con el equipo de Reserva y Seguridad de Valdemoro (GRS-1).
El resultado de esta operación policial fue la captura de los tres miembros del grupo criminal, así como la incautación de tres armas de fuego simuladas y un arsenal de armas prohibidas. Además, se recuperaron tres lujosos vehículos valorados en aproximadamente 250.000 euros y joyas, junto con relojes de lujo por un total de 100.000 euros. También se encontraron cerca de 25.000 euros en efectivo y documentación incriminatoria relevante.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 41 de Madrid ha ordenado la prisión provisional para dos de los detenidos, subrayando la seriedad de los cargos en su contra y la determinación del sistema judicial para combatir este tipo de delitos que afectan a las comunidades locales.
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