TOLEDO, 16 de enero. En un alarmante informe, Ecologistas en Acción ha hecho un llamado de atención sobre el creciente problema de la contaminación por nitratos en el agua destinada al consumo humano, revelando que el número de municipios afectados ha aumentado en un 50% en comparación con el año anterior. De acuerdo con los datos proporcionados recientemente por el Ministerio de Sanidad, en 2023, un total de 257 municipios españoles han reportado niveles de nitratos que exceden los 50 mg/l permitidos por la normativa vigente en alguna parte de sus redes de distribución de agua potable.

El caso que más ha llamado la atención a nivel nacional proviene del pequeño pueblo de Torrejoncillo del Rey, en Cuenca. Allí, un análisis reveló que un litro de agua de consumo contenía 493 mg de nitratos, lo que representa diez veces el límite legal establecido, convirtiendo esta agua en peligrosa para la salud, según la información proporcionada por la organización ecologista en una nota de prensa.

A pesar de que el Ayuntamiento de Torrejoncillo logró ganar un juicio contra la Autorización Ambiental Integrada de una macrogranja ubicada en Huerta de la Obispalía, que fue señalada como la fuente de la contaminación, la Junta de Comunidades decidió apelar dicha sentencia en Casación, aunque no tuvo éxito en ese recurso.

En la región de Castilla-La Mancha, existen otros ejemplos preocupantes, como el de Salmeroncillos de Abajo (Cuenca), donde la contaminación microbiológica y por nitratos ha hecho inviable el suministro de agua durante dos años enteros. Al solicitar Ecologistas en Acción los datos relacionados con una granja de 5.619 cerdos situada a solo 150 metros de la red de abastecimiento, se encontró con la sorprendente respuesta de que no se disponía de esa información.

Según los datos recopilados por Ecologistas en Acción, esta situación ha dejado sin acceso a agua potable a al menos 220.000 personas, de las cuales 18.611 residen en la región. Este número podría ser aún mayor, ya que las estadísticas del Ministerio solo abarcan al 84% de la población censada en 2023, excluyendo áreas con menos de 50 habitantes o aquellas que suministran menos de 10 m3 de agua al día.

La contaminación de las aguas por nitratos es atribuible al uso intensivo de fertilizantes nitrogenados en la agricultura, así como a la proliferación de macrogranjas. Con el crecimiento de estas actividades económicas en el país, el aumento de la contaminación era una consecuencia previsible. Este problema no solo daña los acuíferos y fuentes de agua superficiales de manera frecuentemente irreparable, sino que también representa un grave peligro para la salud pública, algo que Ecologistas en Acción ha documentado en su informe titulado 'La contaminación por nitratos y su impacto en el medio ambiente y el agua de consumo humano'.

En el contexto de Castilla-La Mancha, los datos presentados coinciden con el término de una moratoria que, según Ecologistas en Acción, no ha logrado contener el aumento de la contaminación, así como con la reciente emisión de un decreto sobre purines que, critican, mantendrá el 'status quo' durante diez años más debido a un inusual periodo de adaptación en su implementación.

Asimismo, estas revelaciones se producen en un momento en el que funcionarios de la Consejería de Desarrollo Sostenible, incluyendo a la consejera Mercedes Gómez, han hecho declaraciones que parecen priorizar los intereses económicos de ciertas empresas por encima del bienestar de la población y sus medios de vida, un enfoque que debería ser su verdadera prioridad.

Ecologistas en Acción ha expresado su profunda preocupación al afirmar que “nuestros dirigentes están jugando a la ruleta rusa con sus ciudadanos”, subrayando que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano reconocido por la ONU desde 2010. "El suministro de agua contaminada que no es apta para el consumo a más de 220.000 personas refleja un retroceso en la calidad de vida, impactando particularmente en los municipios de la 'España vaciada'", añaden desde la organización.

En vista de esta crítica situación, Ecologistas en Acción ha exigido una intensificación de los controles sobre el agua de abastecimiento en todos los municipios de la región, con el objetivo de detectar todas las infracciones relacionadas con la presencia de nitratos. También piden la prohibición de la instalación de nuevas granjas intensivas mediante una moratoria total y efectiva, así como la investigación de los efectos que las granjas actualmente en funcionamiento están ocasionando.

Además, la organización ecologista solicita al Gobierno español y a los partidos políticos que reformen el Real Decreto 3/2023 sobre agua de consumo humano, sugiriendo una reducción del límite máximo permitido de nitratos (50 mg/litro). Consideran que es contradictorio que se permita un nivel de nitratos en el agua de consumo que es el doble de lo permitido en los ecosistemas fluviales, lo que afectaría a 144 localidades de la región (un 15,6%) con agua contaminada.

Por último, afirman que estudios recientes indican que este umbral es insuficiente para proteger a la población, especialmente frente a enfermedades como el cáncer colorrectal. Según estos estudios, el número de poblaciones con agua no potable podría ascender a 322, lo que representaría más de un tercio de los municipios de Castilla-La Mancha. Ante esta situación, Ecologistas en Acción demandan la reducción urgente del uso de fertilizantes nitrogenados y la contención de la expansión de la agricultura y ganadería intensiva, instando a que aquellos responsables de la contaminación asuman los costos adicionales para la potabilización del agua.