CUENCA, 8 de julio.

La Fiscalía ha solicitado una condena de diez años de prisión para F.A.R.H., quien enfrenta acusaciones de agresión sexual contra su expareja, en un caso que se llevará a juicio el próximo 10 de julio en la Audiencia Provincial de Cuenca.

Según los documentos judiciales a los que ha tenido acceso Europa Press, el acusado y la presunta víctima mantuvieron una relación de varios años y son padres de tres hijos, pero en 2016 decidieron separar sus caminos de común acuerdo. A pesar de esto, continuaron teniendo interacciones esporádicas sin llegar a reanudar la convivencia.

La acusación sostiene que, en la mañana del 14 de julio de 2019, F.A.R.H. se presentó en la casa de su expareja con la excusa de querer hablar. No obstante, al ingresar, mostró una conducta violenta, comenzando a reprocharle el no compartir detalles de su vida personal, mientras destruía muebles y rompía una puerta.

Este incidente generó un estado de miedo en la mujer, que ya había enfrentado episodios de violencia por parte de F.A.R.H., quien tiene antecedentes penales por agresiones similares, habiendo sido condenado previamente a ocho años de prisión.

Según la Fiscalía, el acusado obligó a la víctima a subir al segundo piso de la vivienda, sujetándola de los brazos hasta un cuarto donde forzó a la mujer a acostarse con él, manteniendo una postura amenazante y logrando mantener relaciones sexuales, a pesar de los intentos de ella de resistirse y oponerse a su avance.

Estas acciones son consideradas como un delito de agresión sexual según los artículos pertinentes del Código Penal, en conformidad con la Ley Orgánica 10/2022, también conocida como la Ley del Solo Sí es Sí, la cual favorece una interpretación más protectora para las víctimas en estos casos.

La Fiscalía además argumenta que existen circunstancias agravantes vinculadas tanto al parentesco como al género y, por ello, solicita no solo la pena de prisión, sino también una orden de alejamiento de once años, diez años de libertad vigilada, y una prohibición de trabajar con menores durante dos décadas. Asimismo, se pide una compensación de 6.000 euros por el sufrimiento emocional sufrido por la víctima.