El caso de trata de personas que conmociona a Ciudad Real tomará un giro importante la próxima semana. Entre el 14 y 17 de octubre, la Audiencia Provincial de la localidad verá a siete individuos en el banquillo de los acusados, enfrentándose a serias acusaciones de explotación humana a través de la prostitución forzada y otros crímenes contra la dignidad de los inmigrantes.

El Ministerio Público ha solicitado penas severas para los dos principales implicados, B.N.A.C. y J.R.A., quienes podrían enfrentar hasta 39 años de prisión. Sin embargo, de acuerdo con la legislación vigente, la cárcel efectiva podría limitarse a un máximo de 18 años, tal como estipula el artículo 76.1 del Código Penal español.

Según la acusación, esta pareja, de nacionalidad española y en una relación sentimental, habría captado a nueve mujeres en Colombia, aprovechando su vulnerabilidad al ofrecerles promesas de empleo o la posibilidad de ejercer la prostitución de manera libre en España. Lamentablemente, al llegar al país, la realidad fue muy distinta: las víctimas se vieron forzadas a prostituirse sin descanso, viviendo bajo constante vigilancia y sin libertad para salir de los lugares donde eran mantenidas.

Las mujeres, como revela el informe del fiscal, fueron trasladadas a distintos inmuebles en Valdepeñas y Motril, donde fueron sometidas a abuso sexual a raíz de una deuda ficticia de 4.000 euros que supuestamente debían saldar por sus viajes y la obtención de documentación. Los acusados, además, embolsaban la mitad de los ingresos generados por las víctimas, a lo que se sumaba la venta de preservativos y otros productos, incluidos fármacos y cocaína, disponibles para los clientes.

En el curso de las investigaciones, las autoridades han logrado incautar más de 9.000 euros en efectivo, así como una serie de libretas con anotaciones que apuntan a la estructura de la operación, teléfonos móviles y numerosos preservativos, además de medicamentos destinados a aumentar el rendimiento sexual de las víctimas.

Las acusaciones contra los líderes de esta red incluyen tres delitos de trata de personas combinados con varios delitos de prostitución forzada y violaciones a los derechos de los inmigrantes. Además, se les atribuyen delitos relacionados con la salud pública, evidenciando la distribución de cocaína y fármacos a sus víctimas y a los clientes que acudían a sus servicios.

No están solos: otras cinco personas también enfrentan cargos en este caso, entre las que se encuentra la hija de uno de los principales acusados, M.N.A., quien supuestamente administraba la vivienda en Motril. También se les suma R.A.G.A., que tenía el rol de supervisar a las víctimas y gestionar los pagos, y M.J.A.C., quien tomó ese papel posteriormente.

Además, dos individuos, J.D.F.N. y M.R.R.R., han sido acusados de facilitar la entrada de las víctimas en España a través de la entrega de cartas de invitación. El fiscal también ha solicitado penas de 12 años para M.N.A. y 10 años y medio para R.A.G.A., junto con sentencias menores para los otros acusados.

El impacto de esta situación es devastador y el fiscal ha pedido que cada una de las tres víctimas principales reciba una indemnización de 30.000 euros, una medida que busca empezar a reparar el daño sufrido por estas mujeres.