TOLEDO, 20 de noviembre. El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado la necesidad urgente de establecer un protocolo conjunto entre los gobiernos de España y Francia. A su juicio, la situación que se está viviendo, caracterizada por los bloqueos llevados a cabo por sindicatos de agricultura franceses para dificultar el paso de camiones en las principales rutas comerciales que conectan España con el resto de Europa, ya se ha convertido en una "costumbre" inaceptable.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de su intervención en el Comité de las Regiones en Bruselas, donde defendió las peticiones de Castilla-La Mancha en el contexto de la reciente DANA, García-Page subrayó que estas acciones de bloqueo "son, en última instancia, delitos". Esta aseveración se enmarca dentro de una serie de quejas sobre el impacto que tales medidas tienen en el sector agrícola español, particularmente en esta comunidad autónoma.

A lo largo de sus declaraciones, el presidente regional fue contundente al señalar que "debería existir un procedimiento y un protocolo claro" que regule y evite tales actos de incumplimiento por parte de los sindicatos franceses. Estas acciones, según él, vulneran las leyes del mercado y son a su vez perjudiciales para los productores de Castilla-La Mancha, quienes cumplen con todas las regulaciones exigidas sin recurrir a prácticas similares. "No les pagamos con la misma moneda", enfatizó García-Page en un claro intento de resaltar la disconformidad con las prácticas desleales que están perjudicando a sus agricultores.

El presidente no dejó de mencionar que, si estas alteraciones en el tráfico comercial fueran casos aislados, la situación podría ser entendible. Sin embargo, afirmó que la repetición continua de estos bloqueos a lo largo de varios años ha creado un patrón que exige una respuesta firme y eficaz por parte del Gobierno francés, así como una correspondiente acción por parte del Gobierno de España. Esta situación, según García-Page, necesita ser abordada con la seriedad que merece para garantizar el respeto a los derechos de los productores españoles y la normalidad en las relaciones comerciales entre ambos países.