MADRID/CIUDAD REAL/CUENCA, 28 Sep. - Según el estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las ciudades más económicas para hacer la compra son Teruel y Córdoba, seguidas de Jerez de la Frontera, Ciudad Real, Burgos, Castellón, Puertollano, Vigo, Lugo, Zamora, Cádiz, Cuenca y Palencia. Por otro lado, las ciudades de Palma de Mallorca, Madrid, Getxo y Las Palmas de Gran Canaria son las más caras.

El estudio también destaca que Family Cash y Alcampo son las cadenas de supermercados nacionales más económicas. En contraste, Coaliment se posiciona como el supermercado más caro de España, seguido de Amazon y Unide.

En un contexto de inflación, el estudio revela que los productos que componen la cesta de la compra han experimentado un aumento del 14,1%, lo que supone la segunda mayor subida en los 35 años de estudio. Según el portavoz de la OCU, Enrique García, esto significa que los consumidores han experimentado un incremento del 30,8% en el coste de los alimentos y productos de droguería en los últimos dos años, lo cual es significativo y no se había visto en mucho tiempo.

El informe destaca que acudir a los supermercados más económicos permite un ahorro medio de 1.056 euros al año, un 6,2% más que en 2022, debido al incremento de los precios y el mayor gasto de las familias.

En cuanto a los establecimientos más económicos, el informe indica que los hipermercados de Alcampo en Vigo y Murcia son los más baratos, mientras que los supermercados de Sánchez Romero en Madrid (calle Arturo Soria y Castelló) son los más caros del país.

En cuanto a las cadenas de supermercados, Alcampo es la opción más económica en 23 ciudades, seguida de cerca por Mercadona, presente en 21 localidades, y luego Family Cash y Tifer, que se posicionan como las opciones más baratas en seis ciudades.

En términos de comunidades autónomas, La Rioja, Galicia y Murcia son las más baratas para hacer la compra en España, mientras que Canarias y Baleares son las regiones en las que resulta más costoso en promedio.

El estudio analizó un total de 155.489 precios de productos en 1.108 establecimientos distribuidos en 65 ciudades españolas, además de las compras por internet.

El portavoz de la OCU destacó que la subida de precios ha sido generalizada en todas las cadenas de supermercados, aunque con diferentes porcentajes. En promedio, las cadenas incrementaron sus precios en un 12,1%. E. Leclerc (16,8%), Supeco (15,8%), Carrefour Express (15,3%) y BM Urban (15,1%) son las enseñas que más elevaron los precios, mientras que Mercadona (10%), Eroski City (8,8%), Eroski (8,1%) y Masymas (8%) fueron las que menos subieron los precios a nivel nacional.

El análisis de precios muestra que el 90% de los 236 productos incluidos en la cesta de la compra han experimentado un aumento en su precio. Las subidas fueron más marcadas en los productos elaborados y algo menos pronunciadas en los productos frescos. Además, se registraron algunas pocas bajadas de precios en el rubro de los frescos.

Entre los alimentos que han experimentado subidas más altas se encuentran el azúcar (65,7%), la leche condensada (61,4%), las zanahorias (56,1%) y las patatas fritas congeladas (49,7%). Por otro lado, algunos productos, como el aceite de girasol (-39,8%) y los plátanos de Canarias (-34,8%), registraron bajadas notables debido a circunstancias excepcionales como la guerra en Ucrania y la erupción volcánica en La Palma.

La OCU resalta que, en tiempos de alta inflación y disminución del poder adquisitivo de los consumidores, la única forma de hacer frente a esta situación es comprar en los establecimientos más económicos.

El portavoz de la OCU también solicitó al Gobierno que aumente tanto la cantidad de dinero como el número de beneficiarios del cheque de alimentos vigente en la actualidad, para ayudar a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica.

Finalmente, la organización ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) que intensifiquen los controles e inspecciones para garantizar un control adecuado de la cadena de producción y evitar abusos y especulaciones que afectan negativamente tanto al sector como a los agricultores y, especialmente, a los consumidores.