GUADALAJARA, 23 de enero.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está lista para cumplir con la orden del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que exige la rehabilitación del Fuerte de San Francisco en Guadalajara, un mandato que había sido ignorado durante años.

Rosa María García, la delegada regional en la provincia, aseguró en una rueda de prensa que la posibilidad de recurrir la sentencia es muy baja. "Cualquier persona con conocimientos legales sabe que este auto es difícil de rebatir; es claro y directo en sus indicaciones", afirmó García, enfatizando que la Junta se compromete a seguir los plazos establecidos por el tribunal.

La Junta tiene un plazo de cinco días para decidir si apelará la sentencia, aunque García destacó que la Consejería de Fomento está examinado la situación. Hasta el momento, no hay noticias de que se esté preparando un recurso y la delegada subrayó que su viabilidad es poco probable.

En su intervención, García resaltó el compromiso del Gobierno regional de acatar las resoluciones judiciales, indicando que "la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene la firme intención de cumplir con el auto del Tribunal Superior".

Sin embargo, García no titubeó en señalar al Ayuntamiento de Guadalajara y a su alcaldesa, Ana Guarinos (PP), como responsables de haber bloqueado soluciones para el Fuerte de San Francisco. "La Junta siempre ha querido cumplir con la sentencia, pero esa voluntad solo puede llevarse a cabo si el Ayuntamiento está dispuesto a colaborar. Lamentablemente, eso no ha sucedido", indicó.

La delegada criticó duramente al actual equipo municipal, afirmando que han optado por la "confrontación política y la judicialización del conflicto" en lugar de buscar soluciones. "El problema no es que la Junta carezca de voluntad; es que el Ayuntamiento ha decidido mantener un enfrentamiento constante, obstruyendo cualquier posibilidad de diálogo", argumentó.

En este sentido, García lamentó que la alcaldesa rechazara oportunidades estratégicas que podrían haber revitalizado el Fuerte como motor económico para la ciudad. Mencionó el proyecto de la Ciudad del Cine, que representaba una inversión cercana a 12 millones de euros y que, según ella, habría colocado a Guadalajara como un referente nacional en la industria audiovisual.

“Mientras que el presidente Emiliano García-Page y el entonces alcalde Alberto Rojo vieron una oportunidad brillante, la llegada de Ana Guarinos significó su abrupto rechazo, sin diálogo ni consideración por el bienestar de la ciudad”, expresó García, recordando que en Toledo, otro gobierno del PP estuvo dispuesto a aceptar la Ciudad del Cine.

Tras este revés, la Junta propuso una segunda iniciativa: un campus de Formación Profesional y residencia universitaria que coexistiría con la conservación patrimonial. "Este plan podría haber posicionado a Guadalajara como la referencia en Formaciones Profesionales a nivel nacional e internacional, lo que habría sido un gran hito para nuestra provincia", añadió.

Pese a las esperanzas iniciales, la delegada se mostró pesimista en cuanto a este proyecto, sugiriendo que "ha muerto en el seno del silencio", dado que el Ayuntamiento no ha enviado la documentación necesaria para avanzar en la propuesta.

García enfatizó que el impacto negativo de esta situación recae sobre la ciudad y su gente, subrayando que "la sentencia se convierte en un juicio para los vecinos que trabajan, estudian o visitan Guadalajara".

“Es verdaderamente vergonzoso que Guadalajara continúe perdiendo grandes proyectos por falta de ambición en su Ayuntamiento. El verdadero absurdo radica en rechazar sistemáticamente todo lo que provenga de la Junta, sin ofrecer propuestas alternativas”, declaró con firmeza.

La delegada consideró "cínico" que desde el Ayuntamiento se tratara el auto judicial como una victoria.

El dictamen del TSJCM obliga a la Junta a iniciar de inmediato la licitación de las obras de rehabilitación de la nave de la Forja, que se destinará a biblioteca municipal, y de la nave de Cerrajería, que se utilizará para escuelas municipales. La sentencia también establece un mes para iniciar desalojos y demoliciones que sean incompatibles con el planeamiento, cuatro meses para redactar nuevos proyectos de rehabilitación y seis meses para corregir las deficiencias reveladas en los informes técnicos.

García reconoció que será necesario actualizar los proyectos debido al paso del tiempo y al aumento de costos de materiales, pero insistió en que el cumplimiento del auto no es negociable. "Cuando hay una orden judicial que cumplir, hay que cumplirla", enfatizó.

En conclusión, la delegada anticipó que la ejecución de la sentencia marcaría el fin de los ambiciosos proyectos que la Junta había planeado para el Fuerte de San Francisco. "La propuesta del campus de FP ya no tiene sentido. Este proceso ha llegado a su término", concluyó.