La audiencia provincial de Cuenca ha sido escenario de un juicio tenso donde A.E.A., un hombre acusado de detención ilegal, enfrentaba múltiples cargos diseminados, entre ellos, delitos contra la integridad moral, lesiones y amenazas hacia su esposa B., quien se presentó como víctima. La situación se desató cuando B. logró comunicarse con la Policía Local para solicitar ayuda, alegando que su esposo la había encerrado en su hogar. Sin embargo, el acusado sostiene que ella tenía llaves y que la situación fue malinterpretada.

A.E.A. compartió con el tribunal que su matrimonio con B., celebrado en Marruecos en 2022 mediante un arreglo familiar, comenzó en un ambiente "normal" hasta que comenzaron a surgir desacuerdos sobre el deseo de ella de tener hijos, algo que él rechazó temporalmente debido a preocupaciones financieras. En este contexto, negó las acusaciones de insultos y amenazas, afirmando que nunca impidió que su esposa aprendiera español o que la encerrara.

El acusado argumentó que, en el día del presunto encierro, su esposa tenía llaves y que incluso había copias en su hogar, lo que llevó a una serie de interrogantes sobre el por qué fue necesaria la intervención de la Guardia Civil y los bomberos. Ante la pregunta de por qué fue rescatada, su respuesta fue vaga: "no sabía".

En contraposición, B. ofreció su versión de los hechos, señalando que las discusiones eran comunes, muchas de ellas banales, y que su esposo solía desvalorizarla con frases hirientes. Además, afirmó que A.E.A. no la dejaba socializar ni aprender su nuevo idioma. La mujer detalló que, aunque deseaba ser madre, cuando él se opuso, no mostró enfado, sino una preocupación mayor por las amenazas relacionadas con su estatus migratorio.

La situación culminó en un encierro donde la víctima, que había tenido una copia de las llaves hasta que se las fue retiradas un mes antes del incidente, se vio forzada a quedarse en casa sin poder salir debido al temor de no poder regresar. Señaló que en los días previos a su denuncia, su esposo dejó de traer alimentos a casa. Finalmente, decidió salir por sí misma, dejando la puerta entreabierta, pero fue entonces cuando A.E.A. supposedly la encerró cuando se dio cuenta de su ausencia.

Durante el juicio, la intervención de las autoridades fue crucial. Tanto la Policía Local, que recibió la llamada de B., como agentes de la Guardia Civil y bomberos estuvieron presentes para llevar a cabo el rescate. La situación desembocó en un ambiente tenso dentro de la sala, donde el abogado de la defensa pidió la nulidad del proceso y la absolución completa de su cliente, argumentando una vulneración de sus derechos de defensa al no ser informado adecuadamente de las acusaciones en su contra.

El futuro del acusado pende de un hilo, ya que enfrenta la posibilidad de recibir una condena severa, que podría incluir hasta diez años de prisión si se confirma su culpabilidad en el delito de detención ilegal y otros agravantes presentados en su contra.