TOLEDO, 16 de enero.

En una nueva muestra de sus profundas divergencias, PSOE, PP y Vox han confrontado sus posturas sobre la violencia de género en la última sesión de la comisión de las Cortes de Castilla-La Mancha. Tras la reunión de este viernes, no se logró alcanzar un consenso sobre el informe correspondiente a la Ley 4/2018, que busca promover una sociedad libre de violencia machista en la región.

Durante la sesión, la directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, presentó el informe para el año 2024, pero la única resolución aprobada fue la propuesta del PSOE. En contraste, los representantes del PP optaron por la abstención, dejando claro el desacuerdo entre las formaciones políticas.

El PSOE desestimó las iniciativas planteadas tanto por el PP como por Vox, que aprovecharon la ocasión para introducir temas de carácter nacional, como los problemas de financiación autonómica, la eficacia de las pulseras antimaltrato, así como la controvertida cuestión de la expulsión de inmigrantes que ingresan al país de manera irregular.

En su propuesta, el PSOE enfatizó en la necesidad de que el Gobierno de Castilla-La Mancha continúe implementando políticas públicas efectivas que aborden la violencia de género. Además, reafirmó su oposición a cualquier tipo de negacionismo, subrayando que la propagación de información errónea sobre la violencia de género no solo pone en riesgo la protección de las víctimas, sino que también socava los avances sociales logrados hasta la fecha.

Asimismo, los socialistas hicieron un llamado a la unidad, tanto a nivel institucional como parlamentario, para defender los derechos de las mujeres y luchar contra la violencia de género.

Por su parte, la propuesta del PP, rechazada por el PSOE y Vox, exigió establecer la obligación de comunicar al Ministerio Fiscal cualquier situación de acoso conocido por los altos funcionarios del Gobierno regional. Esto se sitúa en el contexto de recientes casos de acoso a nivel nacional que han sacudido a su partido.

La resolución del PP también solicitó la creación de un protocolo específico que estipule cómo deben actuar los altos cargos ante indicios de acoso o abuso de poder. Esto incluiría medidas de comunicación interna y, cuando fuera necesario, el traslado de la información a las autoridades judiciales o al Ministerio Fiscal.

Además, el PP planteó la necesidad de realizar evaluaciones independientes de las políticas públicas relacionadas con la igualdad y la violencia de género, con remitidos periódicos a las Cortes para su discusión y posible corrección. También propusieron una auditoría del sistema de control y protección telemática para delincuentes.

Los 'populares' exigieron la asignación presupuestaria adecuada y la rápida implementación de recursos para los Centros de la Mujer, así como la necesidad urgente de desarrollar una estrategia integral que fomente el empleo femenino en Castilla-La Mancha, con el fin de reducir tanto el desempleo entre las mujeres como la brecha salarial.

En cuanto a las propuestas de Vox, tanto PSOE como PP se mostraron en desacuerdo. Vox propuso una ley sobre violencia intrafamiliar, además de la derogación de la ley del 'Sí es sí', la de violencia de género y la ley trans.

Los representantes de Vox también sugirieron la realización de un estudio sobre el aumento de agresiones grupales y solicitaron la eliminación de programas educativos que aborden el feminismo y la ideología de género, reflejando así la ideología de su partido.