Cortes de C-LM dicen "no" al modelo de financiación del Gobierno, mientras PP y Vox señalan a Page como responsable.
TOLEDO, 15 de enero.
Las Cortes de Castilla-La Mancha han decidido, este jueves, rechazar la propuesta del Gobierno español sobre el modelo de financiación autonómica. Este debate estuvo marcado por una defensa enérgica del ejecutivo regional, que aboga por un sistema que priorice la igualdad y la solidaridad entre las distintas comunidades. Por otro lado, la oposición ha responsabilizado al presidente regional, Emiliano García-Page, por permitir que esta propuesta avanzara en el Congreso.
Durante el debate, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, subrayó la importancia de la ordinalidad, afirmando que este enfoque es incompatible con los principios de igualdad, pues favorece a quienes más recursos tienen, aumentando así las disparidades entre territorios.
Ruiz Molina también criticó el actual modelo de financiación por no haber sido el resultado de un proceso de negociación abierto y equitativo. Además, señaló la falta de lealtad y transparencia del Ministerio de Hacienda en este asunto, lo que ha generado un marco de desconfianza.
Asimismo, Ruiz Molina propuso la condonación de deudas, argumentando que esto beneficiaría considerablemente a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, con ahorros proyectados de hasta 760 millones de euros en los próximos años.
Por su parte, el líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, expuso su preocupación de que la iniciativa del Gobierno de España perjudicaría a la región y socavaría los principios de equidad entre los españoles. Afirmó que el presidente García-Page ha dado luz verde a un modelo que calificó de "ambiguo" y exigió que los diputados socialistas de la región voten en contra de estas medidas en el Congreso.
Núñez abogó por un sistema que sea común, solidario y desarrollado mediante un consenso entre todas las comunidades, advirtiendo que impugnar el modelo después de que sea aprobado no evitaría el daño a la región. Insistió en que García-Page debe actuar con anticipación y asegurar que sus "ocho diputados" se opongan a esta "agresión" a los intereses de Castilla-La Mancha.
Desde el PSOE, la portavoz Ana Isabel Abengózar defendió que la comunidad ha estado "infrafinanciada durante más de diez años", aseverando que la nueva propuesta, al no haber sido debatida de manera multilateral, no aborda este problema estructural. También advirtió que este tema impacta de lleno en la sostenibilidad de la sanidad, la educación y otros servicios esenciales, criticando al PP por crear ruido sin ofrecer alternativas constructivas.
En su intervención, Abengózar defendió la postura de García-Page, describiéndolo como "coherente y firme en la defensa de Castilla-La Mancha", sin importar quién esté en el poder en España, y resaltó su demanda de un sistema de financiación que se fundamente en la igualdad y la solidaridad.
El grupo socialista sostuvo que su objetivo es conseguir un modelo de financiación que sea "justo, suficiente y solidario", que contemple las necesidades reales de la población y el costo de los servicios públicos. Asimismo, exigió coherencia a la oposición.
Por otro lado, el diputado de Vox, Francisco José Cobo, cuestionó el modelo autonómico en su conjunto, al calificarlo de "fallido y agotado". También argumentó que tanto el PSOE como el PP han manipulado el sistema de financiación para favorecer el separatismo.
Igual que el PP, Cobo instó a los parlamentarios socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso a rechazar el nuevo modelo propuesto.
Finalizando el debate, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron, con el apoyo exclusivo del Grupo Parlamentario Socialista, una resolución que rechaza el nuevo modelo de financiación autonómica, calificándolo de "regresivo e injusto" por consolidar la ordinalidad. El texto insta al gobierno regional a explorar todas las opciones legales para impugnar el modelo si avanza, y reclama una negociación inclusiva con todas las comunidades autónomas para abordar esta cuestión.
La resolución también defiende un futuro sistema que asegure la igualdad en la prestación de servicios públicos, independientemente del territorio o la situación económica, y exige la creación de un fondo transitorio de nivelación hasta que se establezca un nuevo modelo que enfrente la infrafinanciación que padece Castilla-La Mancha.