TOLEDO, 22 de enero. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha decidido no considerar a Unión de Uniones como la organización profesional agraria más representativa en Castilla-La Mancha, según lo establecido por la Ley de determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de 2025.
Esta información ha sido divulgada en una resolución firmada por la secretaria de la Consejería y publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, tal y como ha recogido Europa Press. En el documento se explican los requisitos que deben cumplir las organizaciones para participar en el proceso de determinación de su representatividad avanzada por la nueva normativa.
Siguiendo los lineamientos de esta reglamentación, el departamento que lidera Julián Martínez Lizán inició un proceso para evaluar la representatividad de las organizaciones agrarias en la región.
Se otorgó un plazo de un mes a las entidades interesadas para que presentaran las solicitudes y la documentación requerida por la resolución correspondiente.
Tras revisar la documentación presentada por Unión de Uniones, se ha determinado que no cumple con ciertos requisitos esenciales de la nueva ley, entre ellos su constitución bajo la Ley 19/1977, de 1 de abril.
Asimismo, se ha verificado que la organización carece de una presencia activa en alguna de las provincias de Castilla-La Mancha, además de no haber demostrado la existencia de una sede permanente en cada provincia, con la debida actividad e implantación efectiva.
Adicionalmente, Unión de Uniones no cuenta con un mínimo de 10 empleados contratados a tiempo completo en la región, ni ha gestionado al menos 1.000 solicitudes de ayudas agrarias solicitadas en las convocatorias de la administración regional.
Por estas razones, la Consejería de Agricultura ha decidido rechazar la solicitud de Unión de Uniones como organización profesional agraria más representativa en Castilla-La Mancha.
La resolución tendrá validez por un periodo de cinco años. Al concluir este plazo, su vigencia se mantendrá provisionalmente hasta que se publique una nueva resolución que finalize el procedimiento correspondiente que evalúe la representatividad después de estos cinco años.
No obstante, esta decisión no cierra la vía administrativa, ya que se podrá presentar un recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
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