La Federación Empresarial Toledana (Fedeto) ha arremetido contra la propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, calificándola como una imposición dictatorial con consecuencias impredecibles para el crecimiento económico y la sostenibilidad de las empresas y el empleo.

El presidente de Fedeto, Javier de Antonio Arribas, junto al secretario general de la entidad, Manuel Madruga, ha denunciado en una rueda de prensa en la sede de la patronal toledana que la medida del Ministerio es parte de un constante acoso a los empresarios, envuelto en hostilidad y apelando a la conquista de nuevos derechos sociales insostenibles.

De Antonio ha señalado un incumplimiento del diálogo social, indicando que la medida se impondrá en una semana, según lo comunicado por el secretario de Estado, sin tomar en cuenta al sector empresarial.

La propuesta de Fedeto incluye establecer una transitoriedad en la aplicación de la medida, evitando que se adopte en 2024 o 2025 y proponiendo que se pueda prorrogar a lo largo de la legislatura. Además, plantean un mecanismo de adaptación para que no se aplique de la misma forma en todos los sectores, permitiendo negociaciones colectivas para ampliar la jornada en sectores que lo requieran, siguiendo el modelo de otras legislaciones laborales como la francesa.

Por otro lado, desde Fedeto han criticado que el Ministerio de Trabajo haya ignorado todas sus solicitudes, imponiendo medidas que provocarán la pérdida de competitividad de las empresas españolas.

Además, han advertido sobre el riesgo de un aumento en la inflación en el país, señalando que actualmente se sitúa 1,4 puntos por encima de la inflación europea, lo que supone una pérdida de competitividad para las empresas españolas en comparación con las europeas.

En cuanto al empleo, han pronosticado una pérdida de puestos de trabajo debido al incremento de costes salariales que consideran anormales, advirtiendo que los efectos a medio y largo plazo serán difíciles de asimilar por la economía.

Finalmente, Madruga ha concluido indicando que la medida dañará especialmente al ámbito regional castellanomanchego, perjudicando más a las empresas de esa zona que a las de Madrid.