La reciente operación "Magna-Vallis" de la Guardia Civil ha dado lugar a una serie de detenciones que pone de manifiesto la creciente amenaza de organizaciones criminales dedicadas a estafar a personas a través de engaños en la venta y adopción de mascotas. En un operativo que tuvo lugar en Bizkaia y Burgos, las autoridades arrestaron a un total de 19 individuos mientras investigan a otros tres, en lo que parece ser una maniobra orquestada para lucrarse a costa de la buena voluntad de los ciudadanos.

Entre los implicados se encuentran tres miembros de un clan familiar que, como parte de su estrategia, mantenían bajo control a un hombre de avanzada edad. Este octogenario había sido aislado de su familia, siendo forzado a mendigar y, lamentablemente, utilizado como una herramienta en un esquema mayor de fraude. A través de la apertura de múltiples cuentas bancarias a su nombre, estos delincuentes ejecutaban estafas que perjudicaban a muchas personas inocentes.

Hasta el momento, las autoridades han logrado identificar a 121 víctimas de estafas y otras diez afectadas por usurpaciones de identidad en diversas regiones del país, que van desde las Islas Canarias hasta varias provincias de la península. Este amplio alcance geográfico resalta el nivel de sofisticación y la organización de esta red criminal que no escatimó esfuerzos para manipular a sus víctimas.

Los estafadores, en su afán por obtener dinero fácil, implementaban tácticas engañosas que requerían a sus víctimas desembolsar cantidades cada vez mayores bajo falsos pretextos tales como costes de vacunas y transporte. Utilizando métodos como el “Smurfing” para dividir los pagos y ocultar el rastro del dinero, lograron acumular una suma total que la Guardia Civil estima en más de 36.000 euros. Este modus operandi es un claro reflejo de la adaptación de estas organizaciones a los tiempos actuales, utilizando tecnología para cometer sus crímenes.

La investigación también ha revelado que parte de los fondos obtenidos por actividades ilegales se destinaron a inversiones en criptomonedas, alcanzando un valor de mercado estimado superior a los 55.000 euros. Sorprendentemente, muchos de los detenidos estaban recibiendo prestaciones sociales, como el Ingreso Mínimo Vital, aun sin demostrar actividad económica regular, lo que podría traducirse en un fraude social que supera los 560.000 euros en ayudas indebidas.

Ante la gravedad de estos delitos, los acusados enfrentan cargos serios que incluyen estafa continua, blanqueo de capitales y trata de seres humanos, entre otros. La situación subraya la necesidad de una mayor vigilancia y regulación en el ámbito de las transacciones de mascotas en línea, un sector que, aunque legítimo, puede ser objeto de abusos si no se lleva a cabo con el debido cuidado.

La Guardia Civil recuerda a la población que, si bien la compra de mascotas por internet es legal, es fundamental respetar las normas de bienestar animal y garantizar que las transacciones se realicen con criadores y centros acreditados. Se aconseja a los posibles adoptantes que sean críticos ante ofertas excesivamente bajas y que exijan toda la documentación necesaria para evitar caer en manos de estafadores.