En un importante golpe contra la criminalidad alimentaria, la Guardia Civil ha desmantelado una red dedicada a la introducción clandestina de ganado ovino y caprino en la cadena de suministro alimentaria. Esta operación se realizó en varias ciudades, incluyendo Ávila, Toledo y Madrid, y resultó en el cierre de cuatro restaurantes que estaban involucrados en la venta de carne proveniente de mataderos ilegales, la cual también se distribuía a domicilio.

Como resultado de esta operación, conocida como 'Pox', cinco individuos han sido arrestados y otros doce están bajo investigación por múltiples delitos, que incluyen violaciones a la salud pública, maltrato a animales, falsificación de documentos, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Se esperan más detenciones a medida que avance la investigación.

Durante la operación, se inspeccionaron un total de nueve restaurantes, resultando en la clausura cautelar de cuatro de ellos y el descubrimiento de una granja operativa fuera de la ley, según comunicados de la Guardia Civil. Los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) llevaron a cabo siete registros, incluyendo visitas a viviendas y explotaciones ganaderas.

Los operativos en las provincias mencionadas llevaron a la incautación de 10.000 euros en efectivo, así como una gran cantidad de documentos, crotales, equipos electrónicos, instrumentos de sacrificio animal y medicamentos veterinarios no autorizados. Más de 350 animales tuvieron que ser sacrificados debido a que se encontraban en condiciones extremas de desnutrición o enfermos con malformaciones irreversibles.

Las investigaciones revelaron que el principal sospechoso operaba una granja en Toledo sin registro en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), lo que hacía ilícitas todas las transacciones de ganado desde esta instalación. Junto a otro cómplice, realizaban transportes ilegales de ganado, recogiendo animales de granjas, tanto legales como ilegales, y llevándolos a su explotación clandestina, utilizando documentación falsificada para intentar encubrir sus delitos.

Parte del ganado era llevado a un matadero autorizado en Ávila, donde se mezclaba carne legal con la producida de forma ilegal. Otra fracción del ganado era trasladada a un matadero clandestino en San Fernando de Henares, donde los animales eran sacrificados en condiciones insalubres y sin respeto a la normativa sobre bienestar animal.

La carne obtenida de estos sacrificios ilegales se distribuía a través de canales no regulados. Uno de los detenidos participaba tanto en el sacrificio como en la distribución de carne a nueve restaurantes en Madrid, que la incorporaban en sus menús y ofrecían entrega a domicilio a través de plataformas digitales.

Además, se constató que varios de los investigados recogían de forma regular carne de mataderos clandestinos para venderla a particulares en diversas localidades de la Comunidad de Madrid, sin ningún tipo de control sanitario o trazabilidad del producto.

Las indagaciones han puesto de manifiesto que estos delitos estaban organizados dentro de una estructura jerárquica, donde cada miembro tenía un rol específico en la operación, facilitando así la evasión de los controles estatales y maximizando las ganancias de su actividad ilícita.

Entre las prácticas ilegales detectadas, se evidenció el uso de transacciones en efectivo y la facturación por debajo del valor real del ganado, lo que constituye una estrategia de blanqueo de capitales. La Guardia Civil ha afirmado que estos movimientos ilícitos de ganado representan un grave riesgo de propagación de enfermedades, como la viruela ovina-caprina, además de violar las medidas de cuarentena y causar pérdidas millonarias al sector ganadero.