ALBACETE, 19 de enero. En un reciente fallo judicial, CCOO ha logrado un avance significativo en la defensa de los derechos de los docentes en Castilla-La Mancha. El Juzgado de lo Social número 3 de Albacete ha dado la razón a una profesora que denunció la falta de un protocolo adecuado para abordar agresiones en el entorno educativo.

El sindicato, en su comunicado, detalla que la demandante fue víctima de un ataque físico por parte de varios estudiantes durante una riña en el patio del colegio donde trabaja, lo que le produjo lesiones visibles y secuelas a largo plazo. Como resultado de la sentencia, la administración educativa y la aseguradora han sido condenadas a indemnizar a la docente con un total de aproximadamente 30.000 euros.

Los hechos se remontan al 14 de enero de 2022, cuando la docente sufrió un accidente laboral al intentar separar a los alumnos involucrados en la pelea, provocándole una fractura en el dedo anular derecho, además de daños en sus brazos y escápulas. A raíz de esta agresión, la profesora también desarrolla un trastorno adaptativo que se manifiesta en ansiedad severa y síntomas de depresión.

A pesar de que fue considerada apta con ciertas limitaciones, su reincorporación a las clases no tuvo lugar hasta el 1 de junio de 2023. A continuación, presentó una demanda buscando compensación por la falta de medidas de seguridad que deberían haber estado vigentes en su centro de trabajo.

La sentencia subraya que la administración educativa carecia de protocolos claros para prevenir situaciones de violencia dirigidas a los docentes. Además, aclara que ni el decreto de Convivencia Escolar ni la guía de actuación ante conductas disruptivas en Castilla-La Mancha cumplen con las exigencias necesarias para abordar esta problemática.

El tribunal enfatiza que la "falta de protocolos eficaces" para el manejo de agresiones en el ámbito educativo representa una falla fundamental y está directamente relacionada con las demandas planteadas por CCOO en el proceso de negociación colectiva. En este sentido, la resolución judicial también menciona que en el Acta de la Mesa Sectorial de Personal Docente No Universitario, fechada el 14 de enero de 2025, se hace eco de la necesidad de crear dichos protocolos, tomando como modelo los que ya existen en otras comunidades autónomas.

En su resolución, se destaca que la docente sufrió un accidente de trabajo sin haber recibido la formación adecuada para prevenir o manejar posibles agresiones, lo cual pone de manifiesto la irresponsabilidad de la Consejería de Educación en la implementación de medidas de seguridad y salud laboral.

La profesora solicita una indemnización por los 503 días en que estuvo incapacitada temporalmente, además de reclamaciones por lucro cesante y el impacto emocional que ha tenido en su vida debido a las secuelas físicas. No obstante, no se le ha reconocido incapacidad permanente en grado parcial.

El tribunal ha decidido, en parte, a favor de la demanda, ordenando a la Consejería de Educación y a la aseguradora el pago de 3.000 y 25.691 euros, respectivamente.

Esta decisión judicial, aunque sujeta a apelación, es de suma importancia para CCOO, ya que valida sus esfuerzos en defensa de los derechos docentes y demuestra que su trabajo constante tiene repercusiones legales efectivas.

Ante la situación, CCOO insta a la Consejería de Educación a implementar con urgencia protocolos autonómicos específicos ante incidentes de agresión, así como a establecer una colaboración efectiva con la Fiscalía, Inspección Educativa y fuerzas de seguridad, proporcionando soporte jurídico, psicológico y administrativo a las víctimas. Además, enfatizan la necesidad de acciones preventivas y formativas que eviten que las agresiones se normalicen en el ámbito escolar.