El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido archivar la causa que pesaba sobre las bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Valdepeñas, específicamente las entidades Félix Solís y García Carrión, en relación con la supuesta comercialización de vinos que se presentaban erróneamente como crianza, reserva o gran reserva, sin cumplir con los estándares de envejecimiento y otros requisitos de calidad establecidos.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 4 ha señalado que la ausencia de un control efectivo por parte de todos los actores implicados en la industria vinícola, tales como productores, organismos de certificación y la Administración Pública, ha dificultado la determinación clara en el proceso penal sobre si en verdad se han comercializado estos vinos de calidad inferior a lo que especificaban las etiquetas.

El juez Calama ha subrayado que esta relajación, ya sea por desinterés o por otros motivos, en la vigilancia y supervisión de la producción de vino ha llevado a un sistema que parece basarse en un control meramente superficial y formal, más que en una supervisión real. Como se indica en el informe del Ministerio Fiscal, el magistrado enfatiza que no se puede fundamentar una acusación seria en meras suposiciones, por muy sólidas que estas pudieran parecer.

A pesar de archivar la causa, el juez ha decidido remitir los hechos a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para que realice las acciones administrativas que considere pertinentes. Esta decisión llega tras una denuncia interpuesta por la Fiscalía en abril de 2021, que incluyó acusaciones de publicidad engañosa, estafa y falsificación de documentos contra cuatro bodegas valdepeñeras y sus administradores.

Las bodegas Fernando Navarro y Fernando Castro, que también estaban implicadas en la causa, vieron su sobreseimiento provisional decretado en octubre de 2023. En la misma fecha, se decidió investigar a las entidades certificadoras Sohicert SA y Liec Agroalimentaria SL como colaboradoras esenciales en el proceso.

En un inicio, se había planteado que Félix Solís habría comercializado vinos de la DOP Valdepeñas, etiquetados como crianza, reserva y gran reserva, en cantidades mucho mayores a las reportadas al Consejo Regulador durante los años 2017, 2018 y 2019, lo que provocó cierta inquietud en el sector. Por su parte, el caso de García Carrión apuntaba a que había comercializado vinos que no cumplían con los requisitos fundamentales de elaboración, específicamente en lo que respecta al periodo de envejecimiento y la permanencia en barricas de roble y en botella.

No obstante, el magistrado ha concluido que las múltiples diligencias de investigación realizadas no han podido establecer que las irregularidades observadas por los operadores del sector vinícola constituyan delitos de publicidad engañosa o estafa. Durante el proceso, varios altos cargos de las bodegas implicadas llegaron a declarar como investigados.

Sobre el delito publicitario, el juez ha indicado que falta uno de los elementos esenciales para que se considere como tal: que las acciones de los investigados puedan causar un perjuicio grave y evidente a los consumidores. Por lo tanto, los hechos no se ajustan a esta figura penal específica.

En lo que respecta al delito de estafa, el magistrado ha manifestado que las diligencias realizadas hasta la fecha no han proporcionado pruebas suficientes que permitan confirmar la existencia de engaño de tal magnitud que justifique el encausamiento de los investigados.