Castilla-La Mancha sube 7 millones y llega a 78 millones para la discapacidad
Castilla-La Mancha destinará más de 78 millones a entidades que atienden a discapacidad, 7 más que antes. Así llega el dinero a 12.200 familias.
La Junta de Castilla-La Mancha destinará más de 78 millones de euros a entidades sociales y ayuntamientos que atienden a personas con discapacidad. Es un aumento de siete millones respecto a la convocatoria vigente, y puede traducirse en más apoyo para miles de familias.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, presentó la convocatoria en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Según explicó, el objetivo es ampliar la atención a más personas y, además, mejorar las condiciones de los profesionales que trabajan en estos recursos.
Hay un cambio importante en cómo se paga el dinero. Hasta ahora el anticipo se hacía cada dos años. Con la nueva fórmula, el 100% de la subvención se concentra en un mismo año y se abona en 12 pagos mensuales iguales para las ayudas regionales, y en dos pagos para las provinciales. Eso da más previsibilidad a las entidades.
Para una familia, esto significa que los programas de apoyo, ocio adaptado, atención temprana o respiro familiar tienen más posibilidades de seguir funcionando sin interrupciones. Para quien trabaja en una asociación, supone saber con antelación de dónde sale el sueldo. Y para quien espera una plaza en algún servicio, puede significar menos listas de espera, aunque eso dependerá de cómo se reparta el dinero en la práctica.
La convocatoria financia 300 programas de 142 entidades sociales, que atienden a más de 12.200 familias en la región. La consejera ha dicho que la resolución podría estar lista antes de que acabe el año, algo que las entidades llevan tiempo reclamando para no vivir con las cuentas al límite.
Ahora toca vigilar que la cifra se traduzca en servicios reales. Los afectados y sus familias deberían preguntar a sus asociaciones o a su ayuntamiento qué programas se mantienen, cuáles se amplían y cuándo llegan los fondos. Si la resolución tarda o el reparto no cubre las necesidades, la presión de las propias entidades y de los propios usuarios será clave para que los 78 millones cumplan lo prometido.