El proceso para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2026 comenzará tomando como base el actual marco presupuestario, según ha indicado la nueva normativa publicada en el Diario Oficial de la comunidad.

Este martes, la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha compartido directrices claras que priorizarán el fortalecimiento del Estado del Bienestar, la revitalización del sector económico y el empleo, así como la atención a la problemática demográfica que enfrenta la región. Estos objetivos adquieren una relevancia aún mayor en un contexto global incierto.

El consejero encargado, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha firmado la orden donde también se han definido las responsabilidades de la Dirección General de Presupuestos, la cual deberá detallar la estructura de las cuentas y los procedimientos necesarios para su desarrollo, así como los plazos para presentar la documentación requerida.

Las cuentas de la Junta, según lo previsto, estarán dirigidas a implementar de manera efectiva las políticas económicas y sociales, con el objetivo de asegurar una red de servicios públicos de calidad y apoyar a las empresas locales para fomentar el crecimiento económico y la generación de empleo en la comunidad.

Además, la asignación de recursos estará orientada a cumplir con objetivos estratégicos relacionados con el reto demográfico, buscando promover el asentamiento de la población y estimular nuevas iniciativas económicas, todo mientras se garantiza la igualdad de derechos en las zonas rurales que han sido afectadas por la despoblación.

Para evaluar el impacto de estas medidas, se aplicará un enfoque multidimensional que considerará el género, alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, así como los efectos en la infancia y el desafío de la despoblación.

Este enfoque integral tiene como fin no solo entender las repercusiones de los presupuestos en las políticas públicas, sino también facilitar la implementación de ajustes necesarios para optimizar el impacto de dichas políticas en la sociedad.

Finalmente, la normativa estipula que la elaboración de los nuevos presupuestos deberá enmarcarse dentro de un plan financiero a medio plazo, respetando los límites de gasto no financiero establecidos por la legislación de estabilidad presupuestaria, y realizando los ajustes necesarios una vez se conozcan las nuevas reglas fiscales.