TOLEDO, 4 de agosto.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido realizar cambios significativos en el Decreto 75/2024, que regula la contribución financiera de las personas beneficiarias en la provisión de ciertos servicios relacionados con la autonomía y la atención a la dependencia, así como con el sistema público de servicios sociales. Esta decisión responde a la falta de adaptación completa de los sistemas de gestión necesarios para la implementación de la norma, lo cual ha sido señalado por la Consejería de Bienestar Social.

Según se informó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, el Decreto estipula que todas las adaptaciones requeridas deben completarse en un plazo de nueve meses después de su publicación, surgida el 7 de noviembre. Por lo tanto, el tiempo límite se establece para el 8 de agosto de 2025. Sin embargo, la Junta ha advertido que, a medida que se acerca esta fecha, las adaptaciones necesarias están lejos de cumplir con los requerimientos, lo que generará complicaciones para la aplicación efectiva de la normativa.

En consecuencia, se consideró fundamental modificar el Decreto 75/2024 para ajustar los plazos y asegurar que las adaptaciones se realicen de manera efectiva y garantizada. Esto es esencial para garantizar la correcta gestión de la participación económica de las personas beneficiarias en la financiación de servicios fundamentales en el ámbito de la autonomía y atención a la dependencia.

La modificación propuesta no vulnera los derechos de las personas afectadas, ya que la normativa actual seguirá vigente hasta que se complete la adaptación y se ponga en marcha el nuevo decreto. Con la nueva disposición final, se establece que las adaptaciones de los sistemas de gestión deberán concluirse en un plazo de doce meses desde esta reciente publicación. Asimismo, se ha establecido que el decreto entrará en vigor al término de este nuevo periodo de adaptación.