Un nuevo colectivo ha surgido en Castilla-La Mancha ante la compleja situación que enfrenta el sector agroalimentario debido a la imposición de aranceles. El Observatorio Regional de Impacto de los Aranceles agrupa a representantes del agro, bienes de consumo y bienes de equipo, con el objetivo de analizar y mitigar las consecuencias de estas políticas comerciales.

En la jornada del 15 de mayo, tanto la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, como el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, expresaron su esperanza de que las negociaciones lideradas por la Unión Europea logren un acuerdo satisfactorio frente a los aranceles impuestos por el Gobierno de Estados Unidos.

Durante una reunión informativa, Martínez Lizán destacó la actual tregua de 90 días, un período que podría facilitar un cambio favorable en la dinámica de las relaciones comerciales. Sin embargo, expresó su escepticismo sobre una resolución inmediata de la “guerra comercial”, aunque se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo positivo, dada la importancia de los productos implicados para la sociedad.

Franco coincidió en la necesidad de un diálogo constructivo y recordó que las decisiones apresuradas de EE. UU. han generado incertidumbre. Resaltó que han surgido múltiples modelos de negociación que podrían ofrecer soluciones válidas, similar a los recientes diálogos entre la UE y otras naciones como Reino Unido y China.

Ambos líderes subrayaron la importancia de que las voces de las comunidades autónomas estén presentes en las negociaciones europeas, con el fin de asegurar que los intereses de Castilla-La Mancha sean considerados en el marco general de la política exterior y comercial de España.

Martínez Lizán, comentando sobre su reciente encuentro con el comisario europeo de Agricultura, detalló que la UE está elaborando una lista de productos sensibles sobre los cuales se podrá negociar, lo que refleja un enfoque proactivo ante la situación.

En el ámbito nacional, la consejera Franco anticipó que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presentará avances en la comunicación con el sector exportador en la próxima reunión del Consejo Interterritorial, donde se discutirá un plan de respuesta adaptado a las necesidades de las comunidades autónomas.

Franco destacó la eficacia de la colaboración entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, enfatizando que la comunicación ha sido fluida y necesaria para abordar los retos que se presentan ante los aranceles.

Aunque reconoció que es prematuro evaluar el impacto de estas medidas en la economía regional, observó que algunas de las principales exportaciones, como el queso manchego y el vino, están manteniendo un buen rendimiento, incluso mostrando un crecimiento notable en sus ventas al exterior.

Pese a la reducción en el número de órdenes de compra, la elevada cantidad de las mismas sugiere que los importadores podrían estar anticipando un aumento de precios. En contraste, sectores como el aceite y maquinaria han sufrido descensos significativos, lo que refleja la inestabilidad del entorno económico actual.

El Observatorio Regional, que se estructura en tres grupos de trabajo enfocados en el agro, bienes de consumo y bienes de equipo, tendrá como misión analizar las repercusiones de las políticas arancelarias y proponer estrategias para apoyar a los sectores más afectados.

Martínez Lizán reiteró el compromiso del Gobierno regional de respaldar a las empresas locales frente a estos desafíos, destacando que los productos agroalimentarios nunca deberían ser utilizados como armas en conflictos comerciales, ya que las familias más vulnerables son las que más sufren con estas decisiones.

Finalmente, hizo un llamado a la necesidad de mantener la racionalidad en las decisiones comerciales, sugiriendo que estos tiempos difíciles deben servir para aprender y construir un futuro más colaborativo y sostenible en el comercio internacional.