El 5 de marzo, en Cuenca, se anunció una inminente regulación destinada a proteger las áreas afectadas por nitratos en Castilla-La Mancha. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, reveló esta iniciativa tras ser cuestionada por la prensa local sobre los recientes cuestionamientos del grupo Pueblos Vivos respecto a la aprobación de macrogranjas en la región.

Gómez defendió la postura del gobierno frente a las críticas, asegurando que la relación establecida entre la contaminación por nitratos y la proliferación de estas explotaciones es, a su juicio, incorrecta. Según la consejera, los recientes estudios indican que la principal fuente de contaminación en suelos y acuíferos no proviene de los purines, como se podría pensar, sino del uso de fertilizantes inorgánicos con un alto contenido en nitrógeno y de manejo deficiente.

La consejera enfatizó la importancia de contar con el apoyo del sector agrícola y ganadero para desarrollar una normativa efectiva. El objetivo de esta regulación será garantizar prácticas agrarias adecuadas en las áreas afectadas por nitratos, proporcionando herramientas para mejorar la sostenibilidad del sector.

Gómez anticipó que para finales de marzo se espera la publicación de un nuevo mapa que identifique las zonas más vulnerables a la contaminación por nitratos, así como un decreto que incluya medidas complementarias a dicha identificación.

Además, destacó que la reciente moratoria sobre el establecimiento de microgranjas resultó en la paralización de 62 expedientes, de los cuales 22 corresponden a Cuenca. Con la levantación de esta moratoria, los ayuntamientos y promotores han sido notificados y se les ha dado la oportunidad de decidir si desean seguir adelante, ahora bajo nuevos requisitos que buscan fortalecer el control ambiental.

La consejera destacó que están recibiendo respuestas tanto de ayuntamientos como de promotores, aunque advirtió que se trata de un proceso que podría extenderse a largo plazo. Gómez defendió las acciones del gobierno regional desde la implementación de la moratoria, cuyo objetivo ha sido realizar un análisis profundo para optimizar la evaluación ambiental de las explotaciones de gran capacidad.

Entre las mejoras propuestas, se encuentra la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental, la cual otorga a los ayuntamientos la potestad de pronunciarse sobre los expedientes que se tramiten en su territorio. Gómez subrayó que los informes emitidos por los ayuntamientos son vinculantes, lo que significa que si una localidad decide, a través de una votación o por medio de normativas urbanísticas, prohibir este tipo de proyectos, dichos proyectos no serán evaluados por el gobierno regional.