ALBACETE, 26 de diciembre. En un esfuerzo por salvaguardar la integridad de la producción local y la protección del medio ambiente, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Albacete ha llevado a cabo una serie de inspecciones bajo la operación ‘Delta India’. Esta iniciativa cuenta con la valiosa colaboración de la Asociación para la Promoción de la Nuez de Nerpio, un colectivo empeñado en preservar la reputación y los estándares de esta especialidad agrícola.

Durante los meses de noviembre y diciembre, el Seprona ha centrado su atención en diversas inspecciones en establecimientos y mercadillos de localidades como Nerpio, Hellín y Albacete. Su objetivo es reforzar la defensa de la Denominación de Origen Protegida ‘Nueces de Nerpio’, oficial desde 2021. La Guardia Civil ha hecho público este esfuerzo a través de una nota de prensa en la que destacan la importancia de mantener la calidad y el prestigio de este producto.

En el transcurso de estas inspecciones, una patrulla de protección de la naturaleza (Paprona) identificó a un individuo en Albacete como presunto operador de un delito contra la propiedad industrial. Este individuo estaba ofreciendo al público nueces etiquetadas como ‘Nueces de Nerpio’, a pesar de no estar registrado ni contar con la autorización necesaria para utilizar dicha Denominación de Origen Protegida (DOP).

Las acciones del Seprona han resultado en un total de dieciséis denuncias por diversas infracciones administrativas relacionadas con la normativa alimentaria. Este número subraya las serias implicaciones de no respetar las regulaciones que garantizan la calidad y autenticidad de los productos locales.

Las diligencias realizadas por la Paprona, en relación al delito de propiedad industrial, están siendo supervisadas por el Juzgado de Instrucción número uno de Albacete, donde se determinarán las próximas acciones a seguir. Este delito conlleva sanciones que oscilan entre seis meses y dos años de prisión, lo que refleja la gravedad de la situación.

Adicionalmente, las infracciones administrativas detectadas podrían clasificarse como muy graves, lo que permitiría al órgano sancionador imponer multas que podrían oscilar entre los 30.000,01 y 300.000 euros. Esto pone de manifiesto la firmeza con la que las autoridades están abordando el tema, subrayando su compromiso por proteger los productos locales y su autenticidad frente a prácticas ilegales.