ALBACETE, 25 de noviembre. En un reciente juicio en la Audiencia Provincial de Albacete, la defensa del hombre señalado por agredir sexualmente a su compañera de trabajo ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía que ha desatado críticas y preocupaciones por la justicia en casos de violencia de género.

Este pacto establece que el acusado reconocerá la acusación y enfrentará una pena de dos años de prisión, reduciendo la solicitud inicial de tres años solicitada por la Fiscalía. Sin embargo, la condena será suspendida bajo ciertas condiciones: el acusado debe evitar delinquir durante un periodo de tres años, asumir una responsabilidad financiera de 5.000 euros, respetar una orden de alejamiento de la víctima por cinco años y participar en cursos de educación sexual. Además, se le prohíbe trabajar con menores durante el mismo tiempo.

Los hechos, que el procesado ha admitido, ocurrieron en septiembre de 2023. El acusado fue al hogar de su compañera para llevarla al trabajo, y durante esa visita, la víctima, aún bajo los efectos del diazepam, fue agredida sexualmente tras abrirle la madre su puerta. La situación se tornó violenta cuando él comenzó a tocarla, momento en que la mujer pudo reaccionar y alejarse.

Tras la agresión, la víctima fue atendida en el servicio de urgencias del hospital de Albacete, donde su estado emocional preocupó a los profesionales de salud. Después de recibir atención, decidió presentar una denuncia, lo que llevó a que el juzgado emitiera una orden de alejamiento cautelar contra el agresor.

El acusado, al aceptar el acuerdo, ha prometido realizar un pago mensual de 300 euros mientras se encuentre sin empleo y de 500 euros una vez obtenga trabajo, con el objetivo de cumplir con sus obligaciones económicas derivadas de la sentencia. Este caso pone de relieve la necesidad urgente de una reflexión más profunda sobre cómo se manejan y se resuelven los casos de agresión sexual, especialmente en un contexto laborar donde predomina la desigualdad de poder.